MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública, Ameigi, FETE UGT, CC.OO. Enseñanza de Madrid, PSOE e IU han denunciado que la entrega a empresas de 51 escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid mermará la calidad educativa que reciban los alumnos y aumentará los costes de la escolarización temprana.
En rueda de prensa conjunta con las representantes educativas de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, la portavoz de Ameigi, Blanca Azanza, ha afirmado que en mayo y junio se han sacado a concurso público 51 escuelas infantiles que hasta ahora, la mayoría, estaban en manos de cooperativas u organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales 26 se han otorgado a empresas que "no tienen ninguna vinculación con la educación infantil y vinculadas con sector servicios e incluso el inmobiliario".
Azanza ha criticado que desde la publicación del Decreto de Mínimos en 2008 ha mermado la calidad educativa en este ciclo educativo, de manera que ha aumentado la ratio de alumno por aula y ha bajado el número de profesionales por escuela, entre otras cosas.
Además, en su opinión, con la llegada del Decreto de Financiación de julio de 2008 ha dejado de primar la calidad educativa y la profesionalidad de los trabajadores, sino que "por primera vez prima lo económico y queda en segundo o tercer plano el proyecto educativo".
Ahora el problema está en la salida a concurso de estas 51 escuelas infantiles con el fin de "abaratar el coste" para la administración. En un comunicado conjunto, las asociaciones señalan que 26 de las empresas han presentado "proyectos educativos totalmente deficientes", de manera que los técnicos de la Comunidad les han dado "entre 10 y 15 puntos de los 45 que podían obtener".
No obstante, "bajan hasta un 19 por ciento los precios", razón que, a su juicio, les ha llevado a ganar la gestión de estas escuelas para los próximos cinco años, defienden en su escrito.
Los representantes educativos han señalado que la medida afectará a los menores de diversas maneras. Entre ellas destaca que las ratios alumnos por aula serán mayores y habrá menos personal que además, rotará más por lo que el bebé no tendrá una figura adulta en la escuela que le aporte una estabilidad o subirá el precio de escolarización, ha indicado la representante de la Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6 años, Carmen Ferrero.
Esto se produce porque, según las primeras estimaciones de las asociaciones, podría llegar a pagarse una media de 52 euros más al mes por llevar a los menores a una escuela de estas debido a que los padres pasarán de pagar una cuota por las siete horas que hasta ahora se venía pagando por tener a sus hijos en una escuela infantil, a una cuota por 5 horas. El resto de horas que los niños pasen en la escuela tendrá que pagarse aparte, lo que supone una media de 52 euros más al mes, ha destacado Ferrero.
Los profesores también saldrán perjudicados, en opinión de los presentes, ya que estiman que 500 profesores de estas escuelas van a perder su trabajo. Saben que se contratará a otras personas, pero consideran que no habrá tantos profesionales como los que hay en la actualidad.
Por ello, ayer lunes entregaron una carta, vía registro, a la consejera del ramo, Lucía Figar, en al que le dicen que "quizá piense "que les ha vencido y que desaparecerán del mapa educativo, pero no es así". "El desánimo no nos va a hacer abandonar la lucha legítima de que en Madrid la educación infantil 0-6 tenga la calidad que los niños merecen, la atención que las familias necesitan y la dignidad y respeto a sus profesionales", reza uno de los párrafos de la misiva remitida a la consejera que Ferrero ha tildado de resumen de su actitud actual.
En el mismo sentido se ha expresado la diputada de IU Eulalia Vaquero que tras decir que se trata de una "privatización absolutamente descarada", ha avanzado que este principio de curso va a ser "calentito" ya que van a movilizarse para conseguir que estas escuelas se integren en la red pública de la Comunidad.
La portavoz socialista en la materia Fátima Peinado ha destacado que mermará la calidad educativa de estos niños ya que "prima el ahorro de la Comunidad al proyecto educativo".
