Lamenta que deje vacante el Consulado General en Buenos Aires, al que se presentó el diplomático Juan Pablo De Laiglesia, cumpliendo los requisitos
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria en este cuerpo, ha manifestado su "preocupación" por la decisión del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, de vetar a un exalto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el puesto de cónsul general en Buenos Aires pese a que el candidato "cumplía" los requisitos exigidos.
En un comunicado distribuido este martes entre sus asociados, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta Directiva de la ADE muestra "su preocupación por la decisión de la Superioridad de rechazar la propuesta de la Junta de la Carrera Diplomática" --órgano asesor del ministro en materia de ascensos y nombramientos-- y que proponía al veterano diplomático Juan Pablo de Laiglesia como cónsul general de España en la capital argentina, con una numerosa colonia de españoles.
La ADE lamenta que la plaza haya quedado vacante "pese a que el funcionario propuesto" por la Junta de la Carrera Diplomática --órgano asesor del ministro en materia de ascensos y nombramientos-- "cumplía los criterios exigidos para el mismo".
Este es el segundo año consecutivo que a De Laiglesia se le niega ejercer como cónsul general, primero en Roma, ahora en Buenos Aires. Una situación que ha motivado que el PSOE haya pedido la comparecencia del ministro José Manuel García-Margallo en el Congreso para que explique su política de nombramientos.
El exsecretario de Estado y exembajador en Naciones Unidas Juan Pablo de Laiglesia había pedido pasar sus últimos años antes de jubilarse ejerciendo como cónsul general en Buenos Aires o, en su caso, en otros destinos alternativos, como Houston o Los Ángeles.
Como consecuencia del veto del año pasado, De Laiglesia recurrió a los tribunales para denunciar lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales. En su opinión, el veto del ministro es una "represalia" por haber firmado, junto a otros 300 diplomáticos, una carta muy crítica con el entonces anteproyecto de Ley de Acción Exterior --hoy ya en vigor-- y por haber escrito un telegrama al ministro después de que le cesara como embajador en la ONU quejándose de que le enviara de vuelta a Madrid a hacer "pasillos" cuando él hubiera preferido "ventanilla".
En su comunicado, la ADE reconoce que la asignación de puestos en el exterior se realiza de acuerdo con el principio de libre designación, es decir, que el ministro tiene la potestad de nombrar a quien quiera, pues la propuesta de la Junta de la Carrera no es vinculante.
CUMPLIR EL REAL DECRETO
No obstante, la ADE "advierte, de nuevo, con inquietud sobre la tendencia iniciada hace ya tiempo a utilizar el concurso anual" de provisión de puestos en el extranjero (el conocido como bombo) "para fines distintos de aquellos que inspiró la aprobación del Real Decreto 674/1993".
Este real decreto regula cómo se comunicarán las plazas vacantes y se cubrirán los puestos reservados a los diplomáticos en el exterior (lo que deja fuera los cargos de embajador, no reservados en exclusiva a diplomáticos).
Al margen de los puestos de embajador, permite al ministro dejar fuera cada año otros puestos que considere sensibles, y que no se someterán por tanto al procedimiento que marca el real decreto. No fue en cambio el caso de Roma, el año pasado, ni Buenos Aires, éste.
La ADE también insiste "en la necesidad de que la provisión de puestos en el exterior se rija escrupulosamente por los criterios determinados en el Real Decreto" (hoja de servicios del funcionario, preparación específica para el puesto, antigüedad...) "y no por criterios sobrevenidos" (no profesionales) "que no hacen sino menoscabar la previsibilidad del sistema y la seguridad jurídica de los funcionarios". "Ello redundará sin duda en beneficio de la necesaria profesionalización de nuestra Carrera", añade.
Al margen del caso que afecta a De Laiglesia, la ADE "toma nota" en su comunicado de la "progresiva normalización" en el número de nuevos funcionarios que han sido destinados en el extranjero antes de que cumplieran su cuarto año en los servicios centrales en Madrid.
