BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los eurodiputados del PSOE y del PP tratarán de desactivar hoy el nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en España, que se vota por primera vez en la comisión de Peticiones de la cámara. Los dos partidos han presentado enmiendas coincidentes para suprimir las partes más críticas del texto, elaborado por la parlamentaria verde danesa Margrete Auken.
Socialistas y populares españoles han mantenido diversos contactos durante los últimos días para suavizar el informe, aunque no han llegado a ningún pacto formal, según explicaron fuentes de ambas formaciones. Los populares quieren que el texto sea rechazado en su totalidad por la comisión de Peticiones y no se vote en el pleno de la Eurocámara porque consideran que ello perjudicaría a la imagen de España.
Sin embargo, los parlamentarios del PSOE votarán a favor si el texto se modifica y se acepta una de sus enmiendas, que se está negociando con el PP, en la que se pide un pacto en la Comunidad Valenciana para reformar la legislación urbanística y hacerla más sostenible en el que deberían participar todos los partidos políticos, los interlocutores sociales y la sociedad civil, según dijo la eurodiputada socialista Inés Ayala.
Con pacto o sin pacto, el resultado será que el informe quede "totalmente modificado" y sus críticas a España descafeinadas, ya que populares y socialistas representan una amplia mayoría de los votos frente a verdes, Izquierda Unitaria y, probablemente, liberales, que votarán a favor del texto de Auken.
La gran incógnita es qué harán los eurodiputados conservadores y socialistas de Reino Unido y Alemania, que podrían alinearse con la ponente teniendo en cuenta que se acercan las elecciones europeas y muchas de las quejas recibidas por la Eurocámara por abusos urbanísticos en España proceden de ciudadanos de ambos países.
En total, se han presentado 127 enmiendas al borrador de informe. En las más importantes hay gran coincidencia entre el PSOE y el PP. Ambos partidos quieren eliminar del texto la amenaza de congelar los fondos estructurales a España si no se corrigen los abusos urbanísticos.
También están de acuerdo en suprimir la petición, incluida en el borrador de la ponente, de "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el derecho comunitario".
En tercer lugar, socialistas y populares quieren borrar del texto las críticas al sistema judicial español. En particular, pretenden modificar o suprimir un párrafo en el que se señala que "la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente "combinadas con "cierta laxitud en los procesos judiciales" ha generado "una forma endémica de corrupción".
