MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Colectivos profesionales y académicos de traductores e intérpretes han reclamado este lunes que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal impida que comisarías de Policía y juzgados y tribunales contraten a personas "no profesionales" de ese sector, porque hacerlo supone una "gran amenaza" a las personas inmersas en procesos penales.
El presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), Juan Miguel Ortega, ha pedido que se aproveche la oportunidad de reformar esa ley para "regular como es debido un servicio de calidad según la normativa europea". "No se podrá impartir justicia con garantía alguna si son personas no cualificadas las que realizan este trabajo", ha subrayado.
La Red Vértice, que incluye a trece asociaciones de traductores e intérpretes, ha denunciado en una nota de prensa una serie de situaciones que, según ha asegurado, se están produciendo en tribunales y comisarías.
Por ejemplo, una mujer extranjera víctima de violencia machista a la que su intérprete aconseja volver con su maltratado, un marinero senegalés a quien el intérprete extorsiona en un caso de tráfico de drogas o un intérprete que filtra información al proxeneta tras asistir a una víctima nigeriana de trata, siempre según esta agrupación.
Para evitar que esto ocurra, proponen que se garantice la cualificación de los intérpretes y "no se ceda ante la presión de las macroempresas" que actualmente prestan este servicio y que "envían a personas no profesionales, en algunos casos incluso con antecedentes penales".
Según han indicado, muchos profesionales con formación se niegan a trabajar para esas empresas, que "pueden cobrar hasta 50 euros por hora de la Administración de Justicia y, sin embargo, abonan 8 euros por hora a quienes realizan el servicio".
NO SE APLICAN LAS DIRECTIVAS DE LA UE
En este contexto, la Rd Vértice ha lamentado que no haya un consenso en el Congreso de los Diputados respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la reforma que plantea el Partido Popular "no recoja ninguno de los mecanismos expuestos en las directivas aprobadas por la UE para garantizar la calidad de los traductores e intérpretes que trabajan en comisarías y tribunales".
La Red Vértice, la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes de Personas Sordociegas y la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español, respaldadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y por ONG internacionales como FairTrials, han mostrado su "total rechazo" al actual proyecto de ley.
Asimismo, han pedido al Ministerio de Justicia que tenga en consideración las enmiendas de la oposición y permita a los ponentes del PP negociarlas con los otros partidos, porque si el próximo jueves se aprueba el proyecto de ley en los términos actuales, se podrá contratar a "personas no profesionales" sin necesidad de que "se sometan a prueba alguna para demostrar su competencia mínima como intérpretes judiciales".
