MADRID, 2 Ago. (Portaltic/EP) -
Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a denunciar el uso de herramientas de espionaje antiterrorista por parte de "gobiernos hostiles" para vigilar a ONG y activistas. La organización ha alertado de un nuevo "intento deliberado" de espiar a sus trabajadores, después de que uno de ellos recibiese un mensaje sospechoso de WhatsApp en árabe que contenía detalles sobre una supuesta protesta frente a la embajada saudí en Washington.
Las investigaciones del equipo de tecnología de Amnistía Internacional han revelado que, de haber abierto el enlace, se habría instalado Pegasus, una sofisticada herramienta de vigilancia desarrollada por la empresa NSO Group, con sede en Israel. La ONG añade que otra persona activista por los Derechos Humanos de Arabia Saudí había recibido un mensaje malicioso similar.
"Se sabe que NSO Group sólo vende sus programas espía a gobiernos. Por tanto, creemos que ha sido un intento deliberado de infiltrarse en Amnistía Internacional por parte de un gobierno hostil a nuestra labor por los derechos humanos", ha declarado Joshua Franco, director de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Estas potentes herramientas de hackeo estatal permiten un tipo de vigilancia "extraordinariamente invasivo". "Un teléfono inteligente infectado con Pegasus está básicamente controlado por el atacante, que puede retransmitir llamadas, fotos o mensajes directamente al operador", ha apostillado.
ROBO Y VENTA FALLIDA DEL 'SOFTWARE' PEGASUS
Un exempleado de la compañía de ciberseguridad israelí NSO fue acusado el pasado mes de junio del robo del 'software' Pegasus, así como de intentar venderlo a un comprador extranjero a través de la Dark Web. Fuentes estatales israelíes dijeron entonces que, de haberse producido la venta, habría supuesto "un peligro a escala global".
El acusado, un empleado israelí de 38 años que trabajaba para la compañía NSO Group, fue detenido en una operación conjunta llevada a cabo entre la empresa, la policía y un hipotético comprador interesado, según informó el medio israelí 'Globes'.
El trabajador comenzó dentro de la empresa en noviembre del año pasado como programador sénior, lo que le otorgaba acceso a los servidores de la compañía. A finales de abril fue citado por un superior para despedirle debido a que no estaban satisfechos con su trabajo.
Durante esa conversación, el empleado conectó un dispositivo de almacenamiento portátil a los servidores y descargó, además de otros productos e información sensible, el código fuente de Pegasus. La compañía de ciberseguridad fue consciente de que el trabajador conectaba el dispositivo, aunque no previno la extracción de material.
Tras esto, el ladrón guardó el dispositivo en su apartamento, debajo de su colchón. El doce de mayo hizo una búsqueda en Google tratando de averiguar cómo vender el material conseguido y a quién. De esta forma, encontró a un potencial comprador y creó una conexión a través de la Dark Web con una persona de un país extranjero para vender Pegasus por 50 millones de dólares en criptomonedas no identificadas. Finalmente, la operación quedó frustrada.
CASOS PREVIOS DE ESPIONAJE
Hace un año (junio de 2017) varios miembros de la oposición en México, periodistas y defensores de Derechos Humanos fueron víctimas de espionaje a través de este mismo 'software'. Ya entonces un estudio de investigación de la Universidad de Toronto concluía que éste era comercializado exclusivamente para los gobiernos.
Según las investigaciones de Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario con sede en la Universidad de Toronto que se centra en investigación y desarrollo de medios digitales, seguridad global y Derechos Humanos, Pegasus fue utilizado para vigilar a algunas de las personas más críticas con el Gobierno, así como a otros objetivos que estaban investigando en torno a la corrupción del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y las violaciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades mexicanas.
Uno de los investigadores de Citizen Lab, John Scott-Rialton, declaró a Reuters que la información que proporcionó "es una sólida evidencia sobre la implicación del Gobierno de México", y destacó al país por su alto número de casos de espionaje a civiles, así como por la intensidad de los esfuerzos a la hora de llevarlos a cabo.
Según el informe, al menos tres agencias federales mexicanas se habrían gastado, desde 2011, casi 80 millones de dólares en programas de espionaje que supuestamente se usarían en exclusiva para luchar contra el crimen organizado o en aspectos relacionados con la seguridad nacional (y en todo caso bajo autorización judicial previa).
Además de los políticos opositores al Gobierno, al menos 10 periodistas y defensores de Derechos Humanos mexicanos fueron identificados como víctimas. Este 'software' antiterrorista sigue teniendo un uso perverso un año después y el ataque contra Amnistía Internacional pone de relieve "el grave riesgo que corren los y las activistas de todo el mundo debido a este tipo de tecnología de vigilancia", concluye la ONG.
