La Comisión Europea admitió este martes que, pese a la multa de 152 millones de euros que impuso en 2007 a Telefónica por cobrar un "precio injusto" por la banda ancha, el coste del acceso a Internet de alta velocidad en España siguen por encima de la media comunitaria.
En todo caso, Bruselas explicó que ello no es el resultado de prácticas que vulneren las normas de competencia de la UE y que no ha recibido ninguna denuncia en este sentido.
El Ejecutivo comunitario respondió así a una interpelación escrita presentada por el eurodiputado popular belga Ivo Belet. El parlamentario denunciaba que, tras la multa a Telefónica, los clientes españoles continúan quejándose "de que los precios siguen sin bajar y de que son muy altos en comparación con los niveles europeos".
Por ello, preguntaba a la Comisión de qué recursos dispone para asegurarse de que las tarifas bajen y si existe la posibilidad de que se indemnice a los clientes por los precios excesivos que han pagado.
En su respuesta, el Ejecutivo comunitario recuerda que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha obligado a Telefónica a reducir sus precios mayoristas en tres ocasiones entre 2006 y 2009, lo que "ha permitido más competencia en el mercado español de banda ancha".
"Según algunos estudios recientes, los precios minoristas de la banda ancha en España continúan siendo más altos que la media de la UE. No obstante, la Comisión no tiene ninguna prueba de que esto sea el resultado de comportamientos contrarios a las reglas de competencia y no ha recibido ninguna queja a este respecto", afirma.
En todo caso, recuerda que la legislación de la UE permite a cualquier ciudadano o empresa perjudicados por una infracción de las normas comunitarias sobre competencia pedir una indemnización ante los tribunales nacionales. Y recuerda que en diciembre de 2007 la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) reclamó a Telefónica una indemnización por daños y perjuicios de 458 millones de euros basándose en la decisión de Bruselas.
La multa ha sido recurrida tanto por Telefónica como por el Gobierno español ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE y el caso todavía está pendiente de sentencia.