Las multinacionales en España representan menos del dos por ciento del entramado empresarial del país pero ejecutan más del 26 por ciento de la inversión en I+D+i, según se desprende del informe 'La I+D+i de las multinacionales en España como agente del cambio de modelo económico', de la Fundación I+E Innovación España, presentado este miércoles en Madrid.
Así, el estudio desvela que, en el contexto de crisis actual, es necesario establecer medidas para garantizar la permanencia y atracción de centros de I+D+i por parte de las multinacionales. "El flujo de implantación de estos centros es un indicador de la confianza de las empresas en el país, máxime en momentos de especial dificultad económica", apunta el texto.
En esta línea, resalta que la Comisión Europea remarca que para España es "especialmente importante" convertirse en "polo de atracción" para la I+D de las empresas multinacionales extranjeras. "Estas entidades encarnan como ninguna las tres variables que condicionan la actividad empresarial e innovadora del siglo XXI: la cooperación, la internacionalización y el conocimiento", añade el estudio.
"Un gran problema de la economía española es su precaria capacidad competitiva con respecto a buena parte de países de la UE", recoge el estudio. Además, según datos internacionales del 'Global Competitiveness Report 2009-2010', del World Economic Forum, delatan que España se sitúa en torno al puesto 35 en materia de competitividad, tanto en términos generales como en cuestiones más directamente vinculadas con la innovación.
En opinión de la Fundación, a esta "debilidad" se le une la amenaza del crecimiento en mercados de países emergentes, que se conviertan no ya sólo en centros de producción sino en núcleos de atracción para divisiones de I+D+i multinacional.
"España debe mantener un atractivo que le permita seguir contando con la presencia de centros de excelencia extranjeros y para ello la Administración ha de jugar un papel protagonista. El mayor coste y riesgo de las actividades relacionadas con la materia puede ralentizar la actividad innovadora de las empresas y las instituciones deben acondicionar el clima de la Innovación en España", puntualiza.
"INCREMENTO SUSTANTIVO"
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que estuvo presente en el acto de presentación, explicó que, según datos del Banco de España, la inversión extranjera directa se ha incrementado de "manera sustantiva" en el país y en la última década ha estado centrada en sectores de media y alta tecnología y alto valor añadido.
En esta línea, destacó que el Gobierno ha logrado que España invierta en cinco años 59.000 millones de euros en I+D+i, una cifra que, a su juicio, significa que la inversión acumulada en I+D+i durante estos cinco años supera el total acumulado en la década
precedente -- 52.000 millones de euros entre 1994 y 2003 --.
"Se trata de un dato positivo desde la perspectiva del empleo y la generación de riqueza y también porque las actividades de estas empresas se traducen en externalidades positivas para las economías locales y regionales donde se ubican", apuntó la titular de Ciencia.
Así, indicó que España sigue teniendo un "importante camino que recorrer para convertirse en una economía innovadora" pero que cuenta con las capacidades para conseguirlo: es la novena potencia científica mundial y existe voluntad política para lograrlo en el corto plazo.
De esta forma, Garmendia insistió en las prioridades de su departamento por potenciar y consolidar el liderazgo científico, así como el impulso de la transferencia de tecnología y el conocimiento al sector productivo y la innovación empresarial.
En este sentido, agregó que el sistema de I+D+i necesita reformas estructurales y nuevos instrumentos para superar el techo de cristal que se ha alcanzado gracias a la inversión realizada, como es el caso de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Finalmente, subrayó que esta futura normativa, que se presentará "en los próximos días", permitirá disponer de un sistema autónomo de financiación y evaluación de la investigación, recocerá mediante un marco legal específico las singularidades de la carrera investigadora, y ampliará y complementará algunos planteamientos que en materia de transferencia de tecnología ya reconoce en su articulado el proyecto de Ley de Economía Sostenible.