Piden inhabilitación a la alcaldesa de Cantoria (Almería) por regularizar casas ilegales con orden de demolición

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 14 años de inhabilitación para cargo o empleo público a la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa en la regularización de 15 viviendas declaradas ilegales y cuya demolición había sido ordenada por un juez en junio de 2010 al estar edificadas en suelo no urbanizable del paraje 'Los Garcías'.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía también acusa por el mismo delito en concepto de cooperadores necesarios al concejal de Urbanismo, Ramón López, a un técnico de Obras Públicas y al secretario interventor del Ayuntamiento, para quienes pide la misma pena de inhabilitación.

De otro lado, achaca al promotor de las viviendas y, a su vez, cuñado del concejal de urbanismo un delito continuado de estafa agravada al haber vendido algunas de las viviendas que fueron reguladas a través de la figura de la Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) pese a saber que sobre las mismas pesaba una orden judicial de demolición. Para él, solicita cinco años de prisión y once meses de multa a razón de 15 euros diarios.

El Ministerio Público contempla la participación en distinta medida de los investigados en la tramitación, elaboración de informes técnicos y aprobación de resoluciones administrativas bajo el impulso del promotor para que las viviendas, que el Juzgado de lo Penal 1 ordenó derribar por levantarse en terreno no urbanizable, volvieran al circuito legal y se posibilitara su venta.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la Guardia Civil denunció la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de una serie de viviendas en el paraje 'Los Garcías', del término municipal de Cantoria (Almería), que dio lugar a la apertura de un expediente de disciplina urbanística por parte con dos resoluciones de Alcaldía además de un procedimiento penal, que desembocó en la condena al promotor de las viviendas.

Entre otras penas, se imponía al acusado la demolición de lo construido, por lo que en junio de 2010 se dictó un auto en el que se ordenaba el derribo de las 15 viviendas ilegalmente construidas. Así, se instó al Ayuntamiento de Cantoria a demoler lo construido a costa del demandado.

En el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2010 hasta el mes de noviembre de 2018, y a pesar de la obligación de actuar, no se realizó ninguna actuación encaminada a reponer la legalidad urbanística ni por parte del promotor ni por parte del Ayuntamiento, que en junio de 2015 ya ocupaba como alcaldesa Purificación Sánchez y Ramón López como concejal de Urbanismo. También constan, desde fechas anteriores, el mismo técnico de Obras Públicas y el secretario-interventor, también acusados.

La Fiscalía apunta que los acusados, "de común acuerdo" y "a sabiendas de la obligación de demolición" que tenían como parte de su actuación administrativa dado que "el acusado promotor de las viviendas" era "cuñado" del concejal de Urbanismo.

En esta línea, sostiene la acusación que los involucrados habrían actuado "con la intención de facilitar la obtención de un ulterior beneficio económico ilícito con la venta de las viviendas", para lo que se habría realizado la "tramitación y facilitación" de expedientes municipales para que siete de las casas obtuvieran el reconocimiento de Asimilados Fuera de Ordenación (AFO).

El propio promotor, según el Ministerio Público, habría iniciado los trámites de solicitud de archivo por caducidad del expediente de disciplina urbanística que inició el Ayuntamiento mediante una declaración jurada en la que aseguraba que sobre las viviendas no pesaba "ningún proceso judicial".

A partir de dicha solicitud, el técnico municipal de Urbanismo emitió el 7 de febrero de 2019 un informe favorable "a sabiendas" de la situación de las viviendas. Por su parte, el secretario municipal emitió también informes favorables bajo el supuesto conocimiento que las viviendas incumplían los requisitos legales.

La Fiscalía apunta así que la alcaldesa se apoyó en estos informes para, el 20 de febrero de 2019, dictar una resolución de Alcaldía en la que indicaba que las viviendas cumplían "todos los requisitos legales" para dar por caduco y archivar el expediente de disciplina urbanística iniciado en 2007.

Con este archivo de expediente, el promotor pidió una certificación para acreditar la inexistencia de expediente sancionador con el fin de restablecer la legalidad urbanística en el Paraje 'Los García' pero sin derribar las viviendas.

Toda la actuación se siguió "silenciando expresamente y a sabiendas la existencia de sentencia de demolición firme sobre las viviendas en cuestión", según el fiscal, lo que permitió entre marzo de 2019 y marzo de 2023 reactivar siete viviendas unifamiliares con aparente legalidad urbanística bajo la figura de AFO.

Las viviendas fueron inscritas en el Registro de la Propiedad por el promotor quien, pese a saber que debían ser demolidas por orden judicial, vendió varias de ellas por precios de entre 95.800 y 132.000 euros.