Rebajan la pena a un condenado por una estafa en la compraventa de varios apartamentos en Aguamarga (Almería)

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de dos años a un año y medio de prisión la pena a un hombre condenado por estafar unos 62.343,50 euros al propietario de varios apartamentos turísticos en Aguamarga en Níjar (Almería) ante el que se presentó como un inversor de gran solvencia para la obtención de avales.

El fallo, consultado por Europa Press, también reduce la pena de multa de 12 euros al día de ocho a siete meses al estimar parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa al considerar que solo existe prueba documental mediante transferencias bancarias que acredite que se estafó la cantidad señalada y no unos 120.000 euros como reconoció inicialmente la Audiencia Provincial.

Para la Sala de Apelación no existe prueba suficiente a través de los documentos aportados a la causa que permitan acreditar que se produjeron entregas de dinero en efectivo hasta alcanzar los 120.000 euros demandados. Esta reducción del perjuicio económico efectivo casi a la mitad conlleva, asimismo, una reducción de la condena en proporción.

La sentencia, que también mantiene la atenuante de dilaciones indebidas, apunta que el acusado contactó con el propietario de los alojamientos en villas turísticas y un hotel bajo el interés de ver "incrementado su patrimonio de forma ilícita", por lo que se presentó como un inversor de solvencia ante él.

Así, consiguió convencer al empresario para formalizar con él entre los meses de marzo a junio de 2018 un total de cuatro contratos de compromiso de compraventa de los bienes anteriormente mencionados por un montante total de 12 millones de euros.

El acusado fingió disponer de un dinero bloqueado en un Banco de Mónaco y de una financiación de seis millones de euros, toda vez que alegó tener problemas con el banco para liberar los recursos financieros ante los retrasos en el pago del precio de los bienes objeto de compraventa.

Fue entonces cuando solicitó al perjudicado distintos préstamos de dinero "que no tenía intención real de devolver" bajo la creencia de poder cobrar más tarde lo acordado en los contratos de compromiso de compraventa de 2018. No obstante, el acusado ingresó el dinero cedido a su patrimonio y no devolvió el dinero, toda vez que los contratos de compraventa se dieron por resueltos en febrero de 2020.