JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha mostrado su "tranquilidad" y confianza en el archivo de la ampliación de la querella presentada por Urbanos Amarillos contra 13 responsables y técnicos del Consistorio, al considerarla "carente de fundamento".
En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que es "un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio cumpliendo con la Ley".
Recuerda que "esta nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE", se suma "a la que fue desmentida" en noviembre pasado por el ejecutivo municipal con la declaración de la alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), en los juzgados, "a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de secuestro del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos.
De igual modo, el equipo de gobierno considera que se está "ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento".
"Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación", explica el Consistorio.
"TINTES POLÍTICOS"
Además, el Ayuntamiento jerezano destaca que "incluso esta nueva querella parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011".
El Consistorio incide en que Urbanos Amarillos, que llegó de la mano del gobierno del PSOE en vísperas de las elecciones municipales de 2011 para asumir el servicio de manera definitiva tras hacerlo varios meses de manera provisional, "demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía".
"Una paralización debida a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos de Urbanos Amarillos", sostiene el gobierno local, que manifiesta que "los jerezanos son conscientes, porque lo sufrieron, de cuánto daño hizo al servicio y a la propia ciudad esta concesión del servicio de autobuses a Urbanos Amarillos, que no tenía capacidad para asumir su gestión".
El Ayuntamiento estima que los responsables de Urbanos Amarillos "son los primeros en ser conscientes" de que el gobierno municipal "no ha cometido ningún delito".
Asimismo, recalca que esta nueva querella, "al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre".
SECUESTRO "AJUSTADO A DERECHO"
Al igual que con respecto a la querella presentada en noviembre pasado por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, el gobierno local confía en "el archivo de esta nueva querella", ya que considera que "tampoco tiene fundamento".
Al hilo, recuerda que "la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda".
Del mismo modo, el equipo de gobierno subraya "que precisamente el 12 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó una sentencia al Ayuntamiento que declaró definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado".
