Cádiz.-Sucesos.- Detenida una mujer de 50 años por la 'Karlos' tras pagar 11.000 euros por una pensión de invalidez

CADIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Algodonales (Cádiz) de 50 años de edad en el marco de la 'Operación Karlos', contra la trama organizada para conceder pensiones por incapacidad laboral ilegalmente, tras, supuestamente, pagar 11.000 euros por una pensión de invalidez.

Según informó a Europa Press el Instituto Armado, C.R.B. fue detenida en Cádiz el pasado lunes y está acusada de pagar al presunto cabecilla de la trama, C.C.M., la citada cantidad para obtener la incapacidad laboral por invalidez.

Con esta detención son 29 las practicadas en el marco de esta operación, ya que el pasado jueves la Guardia Civil informó del arresto, hasta ese momento, de 28 personas como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental y con la imputación de otras diez.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona identificada cómo C.C.M., podría encontrarse implicada en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma.

Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico (F.C.P.L.), que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero.

Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas han podido incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.

En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

Así, una vez recibido el dinero o parte del mismo, C.C.M. instaba a los aspirantes a dicha prestación que residen fuera de la ciudad de Cádiz a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de familiares del propio C.C.M. y de un facultativo implicado en la trama, al objeto de que el Inspector Médico F.C.P.L, asignado al área de la Bahía de Cádiz, pudiera emitir su informe favorable.

Para ello, previamente el candidato a la pensión debía de estar de baja médica por su facultativo de cabecera, por un especialista o haber sido atendido de urgencias en un centro hospitalario.

En la mayoría de los casos investigados, los médicos de atención primaria y especialistas han sido los mismos, todos ellos vinculados y captados por F.C.P.L. Además, varios de estos médicos pertenecían a mutuas, que buscaban un beneficio propio como contraprestación a su actuación delictiva y, paralelamente, pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por el propio C.C.M. a cambio de involucrar a algún médico (en uno de los casos a su propia esposa) para que facilitara las bajas a varios aspirantes a las referidas prestaciones.

La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana, donde uno de los principales dirigentes de esta organización está muy vinculado.

La Guardia Civil indicó que algunos de los beneficiarios de la invalidez desconocían el mecanismo de obtención de una pensión por incapacidad laboral, ya que muchos de ellos están realmente enfermos y lo podrían haber solicitado por el procedimiento establecido y por tanto sin coste alguno al Ministerio de Trabajo a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Las investigaciones realizadas por los agentes fueron desarrollas en dos fases, siendo la primera coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Jerez de la Frontera (Cádiz), que tras finalizar el pasado 8 de abril, fueron detenidas diez personas y fue imputada una más, a raíz de los dispositivos establecidos para la localización de los posibles autores de esta trama delictiva.

Durante esta primera fase se llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde se intervinieron varios equipos informáticos y abundante documentación que aún se está analizando.

Según el Instituto Armado, uno de los casos "más graves" investigados en esta operación tuvo lugar cuando los dirigentes de esta trama C.C.M. y F.C.P.L, idearon un plan para que una señora residente fuera de la provincia de Cádiz, que había solicitado previamente este tipo de pensión fraudulenta mediante gestiones llevadas a cabo por su hija, no realizara una prueba médica prevista para el pasado día 23 de marzo por la EVI.

Para dicha prueba médica captaron a otra mujer, que padecía una enfermedad similar a la de la candidata, para que suplantara a la solicitante, estando al corriente de estos hechos la interesada, su hija y la suplantadora.

Una vez finalizada estas primeras actuaciones, la citada Autoridad Judicial a la vista de los hechos, se inhibió en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Cádiz, iniciándose la segunda fase el pasado día 24 de abril donde fueron detenidas 18 personas más e imputadas otras nueve, la mayoría de ellas beneficiarias de estas prestaciones.

Hasta la fecha han sido estudiados 42 expedientes de personas sospechosas de tener en trámite o haber obtenido alguna pensión de incapacidad laboral.