Consorcio Aletas desarrollará su proyecto en las 527 hectáreas iniciales, pero adaptándolo a la sentencia del TS

Actualizado: viernes, 5 febrero 2010 16:59

CÁDIZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consocio de Las Aletas aseguró hoy que desarrollará e impulsará el proyecto del parque tecnológico industrial previsto en Puerto Real (Cádiz) "en las 527 hectáreas" iniciales, aunque "con las adaptaciones que se derivan de la sentencia" del Tribunal Supremo (TS).

En rueda de prensa, la presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana Lázaro, recordó que la sentencia del TS anuló parcialmente el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 en cuanto se refiere a la declaración de reserva demanial de 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre.

En consecuencia, el Consorcio solicitó de la Abogacía General del Estado un dictamen que analizara la sentencia y sus consecuencias, examinando las diferentes alternativas legalmente posibles para poder hacer viable el proyecto.

El dictamen "confirma la viabilidad del Consorcio como instrumento jurídico de cooperación" para impulsar el proyecto global, explicó Lázaro, que reafirmó su voluntad inicial de desarrollar e impulsar el proyecto en las 527 hectáreas previstas, aunque adaptándose a la sentencia.

REQUISITOS Y TRÁMITES

Según dijo, el dictamen marca las pautas de actuación, que pasarían por cumplir con los requisitos y trámites previos al nuevo acuerdo de declaración de reserva demanial sobre las 287 hectáreas. El primero de estos requisitos implica una "concreción de los usos y actividades" que por su naturaleza puedan ubicarse en el domino público marítimo-terrestre, adecuadamente sectorizados, de modo que "se garantice su compatibilidad con el mantenimiento de los elementos esenciales" de este espacio.

También conlleva justificar la "idoneidad y exclusividad de la ubicación", argumentando la "inexistencia" de otros espacios en los que puedan emplazarse las actividades. Del mismo modo, es necesario establecer un "límite temporal expreso de reserva", que será de 30 años, prorrogables en su caso.

Por otra parte, se establece la necesidad de determinar las medidas necesarias para garantizar la "reversibilidad" de las características de los terrenos que determinan su calificación como dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, se hace necesaria la tramitación del correspondiente informe de evaluación de impacto ambiental estratégico y la adecuación de los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio al nuevo marco del proyecto.

ACTUACIONES DEL CONSORCIO

Juana Lázaro manifestó que el informe de la Abogacía General del Estado "despeja el horizonte jurídico del proyecto", aunque "obliga a replantearlo de nuevo". Por ello, el Consorcio acordará la realización de un nuevo estudio de usos y actividades y de su distribución.

El procedimiento también deberá incorporar un estudio de evaluación de impacto ambiental estratégica que sirva para garantizar la protección medioambiental de la zona. Al mismo tiempo, deberá llevarse a cabo una adecuación de los instrumentos urbanísticos y se impulsará un nuevo proced8imiento de declaración de reserva demanial, basado en los citados estudios, y que concluiría con la adopción de un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros de declaración de reserva demanial de las 287 hectáreas, si así se estima procedente.

Por otro lado, Lázaro enfatizó la voluntad de las administraciones participantes en el Consorcio de Las Aletas de reafirmar su compromiso político en la ejecución del proyecto, de "cumplir estrictamente" el dictamen de la Abogacía del Estado y solicitaron "el compromiso, la ayuda y la participación" del conjunto de la sociedad civil gaditana para la consecución del proyecto.

Finalmente, la presidenta del Consorcio señaló que en el resto de los terrenos "trabajaremos cuando jurídicamente nadie pueda decir que la ejecución de la sentencia esté afectada por los trabajos" para que nadie "pueda pensar que estamos obviando al TS". En este sentido, aseveró que las actuaciones en las zonas que no son de reserva se llevarán a cabo "en el momento en el que tengamos la seguridad de que se pueden hacer de acuerdo con lo legalmente establecido".