CÁDIZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción lamentó el "cambio de criterio" de la Audiencia Provincial de Cádiz en relación con los certificados falsos emitidos por arquitectos y aparejadores sobre la antigüedad de edificaciones ilegales para eludir los expedientes administrativos y conseguir la prescripción penal, ya que señaló que "dificultará la persecución de los delitos urbanísticos".
En un comunicado, Ecologistas señaló que considerar a dichos técnicos como profesionales liberales en vez de funcionarios supone reducir la fecha de prescripción de diez a tres años, además de reducirse las penas de forma "considerable".
Así, indicaron que si un técnico certifica la antigüedad de una vivienda, dicho certificado se incorpora a un expediente administrativo y en base al mismo se otorgan licencias, se le está dando a dicho informe la "misma validez que a uno emitido por un funcionario".
Por ello, para los ecologistas, si en dichos certificados se falsifica la antigüedad de las viviendas con el objeto de obtener de forma fraudulenta prescripciones de expedientes o licencias, "no solo se estaría cometiendo un delito de falsedad en documento oficial, sino también un posible delito de usurpación de funciones por parte de dichos técnicos y de prevaricación por parte de los responsables políticos que otorgan las licencias", ya que, según Ecologistas en Acción, no exigen el preceptivo informe a sus propios servicios técnicos municipales, si no que se amparan en uno de técnicos particulares aportados por los mismos constructores ilegales, la mayoría de las veces con pleno conocimiento de que son falsos.
Ecologistas en Acción señalaron que en muchas localidades de Cádiz "se ha generalizado este sistema fraudulento de obtener la legalización de viviendas en suelo no urbanizable y de conseguir la prescripción tanto de expedientes administrativos como de procedimientos judiciales".
Por ello, a su juicio, el criterio defendido "hasta ahora" por la Fiscalía de considerar a estos técnicos como funcionarios por el papel que han desempeñado en esos expedientes, "suponía un importante avance en la persecución de las mafias urbanísticas", mientras que "ahora, con el nuevo criterio más restrictivo de la Audiencia Provincial, se hará mucho más difícil la condena de los implicados en estas mafias de obra nueva".
Asimismo, indicaron que ya se están archivando decenas de causas por haber transcurrido más de tres años, por lo que pidieron a la Fiscalía que recurra estos autos para que sea el Tribunal Supremo el que se pronuncie de forma definitiva sobre el carácter de estos certificados y la función que han cumplido los técnicos que los han suscrito.
