Municipios de Cádiz afectados por el alga asiática celebran la exención del impuesto para llevarlas a vertedero

Archivo - Arribazones de alga asiática, una especie invasora, en una playa de Cádiz
Archivo - Arribazones de alga asiática, una especie invasora, en una playa de Cádiz - CSIC - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 30 abril 2026 11:11

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estrecho de Gibaltar, en la provincia de Cádiz, es una de las zonas más afectadas por los arribazones del alga exótica invasora (Rugulopterix okamurae), conocida como alga asiática, por lo que los municipios de la zona, como Tarifa y La Línea de la Concepción, han celebrado la medida anunciada ayer por la Junta de Andalucía sobre declarar de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por el alga, que conlleva la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Playas en el Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, ha comentado que esta medida se ha recibido "con los brazos abiertos" y "con una alegría tremenda", ya que para su pueblo supone un importante ahorro a las arcas municipales, que el año pasado gastó más de 100.000 euros en mover las algas hasta el vertedero.

Trujillo ha recordado que Tarifa sólo ha recibido en los últimos años ayudas económicas de la Diputación de Cádiz para afrontar la retirada del alga asiática de sus playas, y considerando que este es otro "paso importante" dado por la Junta tras la aprobación del plan de la biomasa.

"La única ayuda que tenemos económica es de la Diputación de Cádiz, la de la Junta, aunque no es económica, sí nos ahorra un dinero bastante curioso", ha aseverado.

En ese sentido, ha apremiado al Ministerio de Transición Ecológica a que permita la comercialización de estos residuos, una demanda que desde Tarifa se lleva solicitando varios años, ya que eso supondría un "alivio" a la economía local, al ser las empresas interesadas las que acometerían las tareas de retirar los arribazones del litoral.

"Hay bastantes empresas interesadas en la comercialización, sea de productos farmacéuticos, de suelas de zapatos y materiales ecológicos, o sea para abono para el campo, que también está comprobado que después de un proceso es muy bueno para el campo", ha expresado Ignacio Trujillo al respecto. "De momento, no hay noticias", ha lamentado.

Tarifa está siendo en los últimos años el municipio más afectado de la costa de Cádiz por la presencia de estas algas, hasta el punto que en 2024 se recogieron más de 11.000 toneladas durante la temporada estival, y más de 7.000 en el verano de 2025.

Para el delegado municipal, esta situación es "insostenible" para el Ayuntamiento, ya que este volumen implica unas cuantías económicas que a duras penas pueden asumir en una localidad de 15.000 habitantes con un presupuesto bajo pero con 40 kilómetros de litoral.

Además, ha advertido que la presencia del alga asiática está ya extendida al litoral Mediterráneo y Atlántico, generando con ello una "catástrofe medioambiental a todos los niveles". Es por eso que ha pedido a todas las administraciones que "se pongan de acuerdo" y den "una solución" a este problema que no es sólo de su municipio.

"El Ministerio tiene que tomar cartas en el asunto y dar una solución", ha reiterado el delegado de Playas de Tarifa.

LA LÍNEA DESTACA LA MEDIDA PROMOVIDA DESDE AYUNTAMIENTO

El concejal de Servicios Operativos y Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de La Línea y consejero delegado de Arcgisa, Manuel Abellán, ha destacado que la medida de la Junta tiene su origen en una solicitud de la delegación de Playas que cursó a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para este fin.

Una vez comunicada, la empresa Arcgisa elevó la consulta al Ministerio de Hacienda, que le comunicó que esta solicitud "podría llevarse a efecto si existiera una declaración de emergencia ambiental o una causa excepcional", que es lo que ahora ha decretado la administración andaluza.

"Entiendo que lo que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno es la confirmación de esta consideración de situación excepcional ambiental para este tipo de residuos", ha aseverado Manuel Abellán, quien ha apuntado que la medida "tiene todo el sentido del mundo" al apreciar que el que los ayuntamientos tengan que asumir el coste de la limpieza de las playas, "cuando es consecuencia de una crisis ambiental provocada por una especie invasora, no tiene sentido ninguno".

Es por eso que se ha felicitado por la noticia y ha comunicado que ya se ha dado aviso a la empresa Argisa para que se articulen mecanismos al respecto, explicándo que "estábamos obligados a cobrarlo --la tasa de residuo-- porque teníamos que pagar el impuesto correspondiente", pero que ahora, con esta declaración, "quedamos exentos del impuesto y simplemente se retraerá de la tasa que los ayuntamientos pagan por este depósito".

Esta alga, originaria del Pacífico, fue identificada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar, a partir de arribazones detectados en las costas de Ceuta. Desde entonces, la especie ha mostrado una capacidad de colonización "extraordinaria", expandiéndose rápidamente tanto hacia el este como hacia el oeste en ambos lados del Estrecho.

Su expansión descontrolada, unida a la evidencia científica de que al menos a medio plazo no es viable su erradicación ni la restauración de los ecosistemas a su estado previo, motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020 y su consideración como especie preocupante para la Unión Europea en 2022.

La distribución de la Rugulopterix okamurae alcanza las cinco provincias costeras de Andalucía, con Cádiz como punto donde es "especialmente intensa" su presencia, como explicaba ayer la Junta. Huelva, Málaga, Granada y Almería, son las otras zonas afectadas, aunque en menor medida.

En la zona del Estrecho de Gibraltar se estima, en un cálculo conservador, una biomasa anual de alrededor de 100.000 toneladas de peso fresco, que alcanza distintos municipios costeros en función de los vientos.

La declaración de la Junta pretende evitar una penalización económica "injusta" a los municipios afectados, teniendo en cuenta la naturaleza "imprevisible e inevitable" del fenómeno, su carácter sobrevenido, la inexistencia de un sujeto responsable y la necesidad ineludible de actuar por razones de salud pública y protección ambiental, quedando establecida la finalización de esta declaración una vez superadas las circunstancias extraordinarias que la han motivado.

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