CÁDIZ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Provincial de Cádiz ha modificado el contenido del Pleno celebrado este miércoles para aprobar una única moción conjunta de apoyo al sector naval de la Bahía en su reivindicación de carga de trabajo y para que el contrato de los gaseros para Repsol y Gas Natural se firme finalmente con Navantia.
Los trabajadores de los astilleros de Cádiz, San Fernando y Puerto Real se concentraban a primera hora de la jornada a las puertas de la Diputación, reuniéndose los presidentes de los comités de empresa con los portavoces de los grupos de la Corporación antes del Pleno. En dicha reunión, se acordó retirar todas las mociones y abordar exclusivamente la cuestión de Navantia.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Diputación, José Loaiza (PP), ha manifestado que "hemos entendido que el mayor problema que tiene en este momento la provincia de Cádiz es la carga de trabajo de Navantia" y la "incertidumbre" que están pasando los trabajadores.
Así, lo que ha hecho la Diputación es unirse a la carta remitida por el sector naval en la que se pide que los gaseros se hagan en España, "por responsabilidad social no sólo del Gobierno, sino sobre todo de las empresas, que son españolas y tienen que comprender la situación que está pasando España y esta provincia".
LA MOCIÓN
De esa manera, el Pleno ha acordado "por unanimidad" adherirse a la carta de apoyo al sector naval español firmada por las organizaciones Aclunaga, Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, Clúster Marítimo Español, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Confemetal, Foro Marítimo Vasco, Pymar y Sercobe, y en consecuencia manifiesta la" enorme trascendencia que para la industria española tiene la adjudicación a astilleros españoles de la fabricación de los cuatro buques LNGs para Gas Natural-Fenosa".
Recoge la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "es una decisión estratégica para este país porque es una apuesta por el empleo y el desarrollo industrial, así como para las capacidades tecnológicas y de ingeniería en España".
La industria española de construcción naval, su industria auxiliar, y en general todo el sector, tienen en este proyecto "una oportunidad única para superar la delicada situación que atraviesan". Es por ello que los astilleros españoles han realizado "un gran esfuerzo para presentar una oferta plenamente competitiva en precio, plazos y tecnología frente a cualquier astillero internacional. Una oferta que da plena satisfacción a las necesidades de los armadores y fletadores de los buques".
Destaca que España tiene la experiencia y las capacidades para efectuar el encargo con éxito, porque ya lo ha hecho. Así, entre 2000 y 2007 construyó seis buques similares en menos plazo del requerido, al precio establecido y a plena satisfacción del cliente.
El proyecto dará empleo directo a unas 6.500 personas de promedio cada año durante tres años en Andalucía, Galicia y País Vasco. Supone 12 millones de horas de trabajo, e involucrará directamente a más de 400 empresas de las zonas. Dado que el sector de la construcción naval tiene un factor multiplicador del 2,53 en cuanto a empleo generado, se puede estar hablando de que unos 16.500 puestos de trabajo que de manera directa e indirecta se beneficiarán del proyecto.
La consecución de este nuevo contrato significaría "la salida de la crisis" para el sector de la construcción naval española que, en caso de no materializarse, enviaría un mensaje "tremendamente negativo" al mercado, ya que se trata de una demanda de buques por parte de un armador español trabajando con operadores españoles y cuya demanda mundial mantendrá un crecimiento sostenido.
Este proyecto se enmarcaría dentro de la estrategia de reindustrialización por la que está apostando la Unión Europea, la cual se sintetiza en el objetivo de lograr que la industria signifique el 20 por ciento del PIB para 2020, el cual quedará integrado en la estrategia Europa 2020 en el próximo Consejo a celebrar en febrero de 2014, dado que España está "lejos de ese ambicioso objetivo", señala la moción.
Abunda que los españoles "no podrán entender que se rechace una opción tan beneficiosa para los intereses generales y que, por el contrario, se elija una alternativa tan perjudicial para nuestro futuro compartido".
Asimismo, se acuerda el traslado del presente manifiesto al Gobierno de España, la SEPI, Navantia, Gas Natural, Repsol, Knutsen España y Elcano.
Por último, se reiteran los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación de fechas 16 de noviembre de 2011, 15 de febrero, 18 de abril y 20 de junio de 2012 y 8 de septiembre de 2013 sobre defensa del Sector Naval.
