Una treintena de entidades critican "26 años de abandono institucional" en los asentamientos de temporeros de Huelva

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de organizaciones políticas, sindicatos y colectivos ecologistas y sociales han criticado "la insostenible e indigna realidad" de los asentamientos de migrantes temporeros en la provincia de Huelva, y "26 años de abandono institucional", ya que "el chabolismo, ha sido la única solución habitacional para una parte de trabajadores y trabajadoras temporeras".

A través de un manifiesto conjunto firmada por 32 entidades, estas organizaciones han lamentado que las "tímidas" soluciones propuestas hasta la fecha "no solventan la magnitud del problema", lo que representa, a juicio de las mismas, "una prueba flagrante de la falta de voluntad política y de una gravísima descoordinación entre las tres administraciones y el empresariado del sector".

No obstante, han indicado que "los intentos por hallar una solución teórica no han faltado", ya que desde 2014, el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva --espacio que reúne a los actores locales y a los tres niveles de la administración-- "busca una alternativa habitacional digna que sigue sin materializarse".

Además, han lamentado que "tampoco haya tenido impacto real" sobre el terreno la firma, el 1 de julio de 2022, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, un acuerdo dotado con más de 2,5 millones de euros. En la misma línea, el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía del Gobierno de Juanma Moreno, presentado en 2023 y relanzado un año después, "continúa sin arrojar resultados tangibles".

Por otro lado, el acuerdo marco de Doñana, firmado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía en noviembre de 2023, contempla específicamente la integración y normalización de la población temporera migrante y la erradicación del chabolismo. El pasado 14 de julio tuvo lugar una reunión con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que finalizó con "una profunda decepción para algunas asociaciones, que lamentan que las acciones realizadas hasta la fecha no llegan al fondo".

"A pesar de que el convenio firmado entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, en 2023, para la regeneración de Doñana contempla fondos específicos para medidas sociales y la eliminación de los asentamientos, la realidad es que la sociedad civil desconoce qué acciones reales se están ejecutando en los municipios para esta finalidad, teniendo en cuenta que este convenio debería terminar en 2027. Los colectivos firmantes reclaman su derecho a conocer con absoluta transparencia en qué se gastan los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, el presupuesto proveniente del ministerio", han dicho.

"RACISMO INSTITUCIONAL"

Por otro lado, estas asociaciones han acusado a las administraciones locales de "racismo institucional" que se "evidencia", en opinión de las entidades firmantes, en varias "realidades flagrantes" que califican como un auténtico "castigo colectivo" como "ausencia mayoritaria de ayuda humanitaria de emergencia", ya que tras los sucesivos incendios en los núcleos chabolistas, los ayuntamientos "han negado sistemáticamente asistencia básica de urgencia".

Por otro lado, también han puesto el acento sobre el "bloqueo ilegal del empadronamiento", ya que los tres consistorios "mantienen una negativa sistemática a empadronar a las personas extranjeras en sus chabolas obligándolas a caer, como única alternativa, en redes mafiosas que mercantilizan el empadronamiento". "Esta práctica contraviene directamente la legislación española vigente, que obliga a registrar a cualquier habitante independientemente de las condiciones de su vivienda, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa".

Asimismo, han criticado el "abandono de la salubridad y acumulación de residuos", ya que Palos de la Frontera y Lucena del Puerto "se niegan a recoger la basura en el entorno de los asentamientos".

La "urgencia" de estas demandas coincide con un "contexto trágico e insostenible", tras el incendio forestal en Los Gallardos (Almería), que ha dejado un saldo de 13 personas muertas, y los sucesivos incendios en la provincia de Huelva --incluyendo el gran fuego que arrasó hace apenas una semana el asentamiento de Palos de la Frontera.

Al respecto, las entidades alertan de que los asentamientos chabolistas son "pasto fácil de las llamas", de hecho recuerdan que en Huelva "ya han muerto cinco trabajadoras y trabajadores en estos incendios". "Los colectivos manifiestan que resulta difícil entender que un negocio que genera millones de euros en ventas cada año, que supone el 8% del PIB andaluz con una demanda de más de cien mil puestos de trabajo en cada campaña, no sea capaz de ofrecer una solución habitacional a unas cinco mil personas trabajadoras siendo una chabola construida con sus propias manos la única salida a la que se ven empujadas".

DEMANDAS

Por todo ello, las 32 entidades han exigido la apertura "urgente" de un espacio "digno" en Palos de la Frontera como medida de emergencia para las cientos de personas trabajadoras que se han quedado al raso debido al incendio del pasado 7 de julio que calcinó unas trescientas chabolas.

También solicitan la fiscalización y rendición exhaustiva de los fondos transferidos a los ayuntamientos por el Ministerio, así como "la paralización inmediata" de dichos fondos a los ayuntamientos que albergan asentamientos chabolistas "hasta que aseguren que lo invertirán en mejoras de los mismos como medida provisional, mientras se busca una solución habitacional digna y definitiva, a corto plazo".

Por otra parte, piden "la implantación de tiendas de campaña, recogida de basura, módulos para servicios y baños, tanques de agua potable, saneamiento básico y demás servicios necesarios que doten de salubridad al lugar de estancia de las personas migrantes".

Además, reclaman el empadronamiento "inmediato" de todas las temporeras y temporeros y la coordinación, liderada por la Junta de Andalucía, del Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, agentes sociales y económicos para "buscar una solución inmediata" que contemple albergues de estancia provisional y alojamientos dignos que respeten la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

Así, las entidades firmantes han sido: Ecologistas en Acción, Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación de Malienses de Mazagón, Asociación de Mujeres Inmigrantes de Andalucía, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociación Latinoamericana Huelva para Todos y Todas, Asociación 'La Calle"' (Sevilla), Asociación 'En la Calle' de Sevilla, Adelante Andalucía, Alianza Verde, Centro Andaluz del Pueblo 'José Félix Rivera', Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, CCOO, Entrepueblos, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Savia, Greenpeace y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

También se han suscrito al manifiesto Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Jornaleras de Huelva en Lucha, Mairena Solidaria, Mesa de la Ría, Movimiento Contra la Intolerancia, Mujeres 24 horas, Paralelo 36 Andalucía, Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), Podemos Andalucía, Por Andalucía, Traperos de Emaús de Huelva, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y SOS Refugiados.