PP de Málaga presenta moción ante "falta de información" sobre modificación FP para alumnos con necesidades especiales

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MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular de Málaga ha presentado una moción ordinaria de cara al pleno de este mes de abril relativa a la "preocupación social" ante la "falta de información" del Ministerio de Educación sobre la modificación de ciclos formativos de FP de Grado Básico para alumnos con necesidades educativas especiales.

Según ha detallado la formación en una nota, en diversos municipios respecto a la "posible desaparición o modificación" de los ciclos formativos de grado básico del sistema de Formación Profesional dirigidos al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o formativas especiales.

Por ello, la formación ha concretado que "esta incertidumbre no nace de ninguna decisión o normativa autonómica", sino que es consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, y de su desarrollo mediante el Real Decreto 659/2023, que introduce una "transformación profunda" en la estructura y organización de estas enseñanzas.

Asimismo, han concretado que esta normativa no plantea una supresión, pero "sí supone un cambio estructural que está generando una preocupación en las comunidades educativas, fundamentalmente en relación con la continuidad de programas específicos adaptados", con la garantía de itinerarios formativos reales para el alumnado con necesidades educativas especiales y con la estabilidad de los recursos humanos especializados.

De este modo, la citada ordenación de la Formación Profesional establece cinco grados (A, B, C, D y E), que reorganiza toda la oferta formativa. Así, en el nuevo modelo los certificados de profesionalidad pasan al denominado Grado C y los ciclos formativos de grado básico, medio y superior se encuadran en el Grado D.

Este cambio, que en términos generales pretende dotar al sistema de mayor coherencia y progresión, tiene sin embargo una "consecuencia directa" en los programas específicos que hasta ahora se venían desarrollando al amparo de la normativa anterior, concretamente de la Orden de 8 de noviembre de 2016.

Dichos programas, que en muchos casos estaban orientados a la obtención de certificados de profesionalidad, pierden su encaje jurídico en el nuevo marco normativo y deben ser adaptados a la nueva estructura.

"La transformación de estos programas en itinerarios integrados en los ciclos formativos de grado básico puede suponer, en teoría, una mejora al permitir la obtención de una titulación oficial", han valorado. No obstante, también plantea "dudas razonables" sobre "su capacidad real" de adaptación a determinados perfiles de alumnado.

En contexto, los programas específicos anteriores tenían una duración y una estructura "claramente adaptada" a las necesidades de este alumnado, alcanzando en muchos casos las 2.000 horas de formación distribuidas en dos cursos académicos, lo que permitía un aprendizaje "progresivo, flexible y ajustado a sus capacidades".

En cambio, los nuevos certificados profesionales, integrados en el Grado C, presentan una duración sensiblemente inferior --entre 250 y 990 horas-- y una configuración distinta, "lo que evidencia que no son equivalentes en términos pedagógicos ni de atención a la diversidad".

En este sentido, los centros educativos han advertido que esta transformación puede generar dificultades de acceso para algunos perfiles de alumnado, especialmente el procedente de aulas específicas (modalidad C), que podrían quedar fuera de los itinerarios ordinarios de FP Básica y ser derivados a programas de transición a la vida adulta "sin una cualificación profesional real".

A este escenario se suma la "falta de coordinación" entre los distintos ámbitos competenciales de la Formación Profesional, actualmente dividida entre el sistema educativo y el ámbito del empleo, lo cual genera "confusión y desigualdad" en la aplicación de la normativa e inseguridad en centros educativos y familias. A ello se suma que "la ausencia de información clara y detallada por parte del Ministerio de Educación está alimentando interpretaciones erróneas y alarma social".

Según la formación, debemos tener en cuenta que los programas dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales "no son un complemento ni una opción secundaria, sino un instrumento fundamental de inclusión, que en muchos casos constituye la única vía real de inserción social y laboral para estos jóvenes".

Por ello, cualquier transformación del sistema debe garantizar "de manera expresa" que este alumnado no pierde oportunidades, ni ve reducido su acceso a una formación adaptada, ni queda desplazado hacia itinerarios sin reconocimiento académico o profesional.

Ante la "incertidumbre generada", el Gobierno de la Junta de Andalucía mantiene un "compromiso" firme con la inclusión y ya ha calificado de "rotundamente falso que se vayan a eliminar estos grados". Es más, la Consejería de Educación está trabajando centro a centro para diseñar nuevos ciclos básicos y programas que garanticen la inserción laboral y social.

"La educación es un elemento fundamental, que está basado en los principios de equidad, inclusión y accesibilidad universal. Las administraciones públicas deben actuar con responsabilidad, previsión y sensibilidad, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables", ha precisado el Grupo, al tiempo que ha señalado que el Ministerio de Educación "tiene que liderar este proceso con coordinación, garantías y claridad y las instituciones locales no podemos permanecer al margen de una situación que está generando preocupación a familias y centros educativos".

Por estos motivos, han solicitado la clarificar "de manera urgente y detallada" el alcanza de la normativa derivada de la Ley Orgánica 3/2022 y del Real Decreto 659/2023 en relación con los programas para alumnos con necesidades educativas especiales; "garantías expresas" sobre la continuidad de itinerarios formativos adaptados, la "posibilidad real" de titulación para este alumnado, el acceso de todos los perfiles --incluidos los procedentes de aulas específicas-- y el mantenimiento de los recursos humanos especializados.

En esta línea, también han solicitado que se cuente con "la dotación presupuestaria suficiente" y que se incluyan "instrucciones claras y homogéneas" a la comunidades autónomas, así como "coordinación real" entre los ámbitos educativo y de empleo y que cuente con la participación de centros educativos y familias.

Finalmente, el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado al Ejecutivo que actúe "con responsabilidad institucional" para evitar generar "más incertidumbre" en un ámbito "tan sensible" como la educación inclusiva y que garanticen que "ninguna reformar supondrá un retroceso en los derechos y oportunidades" del alumnado con necesidades educativas especiales.