El Defensor andaluz gestiona más de 630 quejas por cobro de impuestos y avisa de "desigualdades" para más vulnerables

Archivo - El Defensor del Pueblo Andaluz gestiona más de 630 expedientes en 2025 por cobro de impuestos y avisa de "desigualdades" para los más vulnerables.

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SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha gestionado en 2025 un total de 632 expedientes de quejas por cobro de impuestos, la mayoría de ellas concentradas en la gestión local del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la apliación de beneficios fiscales que "en la práctica, depende de ordenanzas y de criterios administrativos no siempre alineados con la finalidad protectora de la norma".

Así lo recoge el Defensor en su informe anual, consultado por Europa Press y presentado recientemente en el Parlamento andaluz, y en el que la institución recuerda que "los beneficios fiscales de finalidad protectora no pueden vaciarse por requisitos formales que generan desigualdad en situaciones familiares complejas".

La Defensoría destaca la intervención ante ordenanzas que "condicionaban" la bonificación por familia numerosa a requisitos añadidos, como el empadronamiento conjunto, que "pueden generar desigualdad de trato en situaciones de separación o divorcio, impulsando recomendaciones para adaptar la regulación municipal al marco legal y jurisprudencial".

"Junto a ello --continúa el informe--, se aprecia una tendencia que atraviesa toda la materia: silencios administrativos, demoras y falta de información comprensible en procedimientos que afectan directamente a la economía doméstica. Esta realidad se agrava cuando concurren situaciones de vulnerabilidad, como muestran quejas por embargos reiterados pese a ingresos inferiores a límites inembargables, donde la institución ha insistido en la necesidad de reforzar diligencia, proporcionalidad y calidad de la atención para evitar inseguridad y angustia sostenida".

En el plano de la gobernanza, las quejas reflejan que la ciudadanía, y también los representantes públicos en el ámbito local, "perciben con frecuencia una Administración que cobra o exige, pero que tarda en resolver, explicar o facilitar acceso a la información, con especial incidencia en transparencia y en el derecho a obtener respuesta en plazo". En definitiva, concluye el Defensor, "cuando la obligación tributaria se combina con silencio, falta de explicación y trámites opacos, el conflicto deja de ser económico y se convierte en un problema de confianza institucional y buena administración".

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, en la presentación del informe, puso el foco en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en su relación cotidiana con las administraciones públicas y que son: el acceso a una vivienda (2.423 expedientes gestionados); las "demoras" en sanidad y dependencia (3.500 y 5.330, respectivamente); las dificultades para obtener información "clara" y una respuesta "en plazo" y la "sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder".

A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.