El Defensor andaluz, la Junta y el TSJA apuestan por la mediación como vía para una justicia "más ágil y eficaz"

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mediación "se consolida" como una herramienta "clave" para "mejorar" el funcionamiento del sistema de Justicia, "reducir la litigiosidad" y "ofrecer soluciones más ágiles a la ciudadanía". Así lo han puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la inauguración de la jornada conmemorativa del décimo aniversario del servicio de mediación de la Defensoría, que al mismo tiempo propone el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial.

El Defensor del Pueblo andaluz ha hecho balance de los diez años de funcionamiento de este servicio, que desde 2016 ha permitido "transformar" el modelo tradicional de gestión de quejas, pasando de la reiteración de conflictos a la "búsqueda de soluciones compartidas". En este periodo, la institución ha tramitado más de 2.000 expedientes de mediación, con niveles de acuerdo cercanos al 80% y una alta satisfacción de las partes implicadas, según los números ofrecidos por la Oficina en una nota.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado que la "larga trayectoria de apuesta por la mediación de la Defensoría nos permite colocarla como autoridad de referencia" en la materia, por lo que su experiencia "ha servido de inspiración" a la Consejería para fomentar esta vía entre la ciudadanía como alternativa al pleito, con servicios públicos como el de Mediación Penal (Sempa) creado en mayo de 2024. En casi dos años, los juzgados penales andaluces han derivado al Sempa más de 8.000 asuntos, la mayoría delitos leves de amenazas y lesiones, y los profesionales de este servicio han logrado más de 4.000 acuerdos que se han cerrado en un tiempo medio de un mes frente a los catorce meses que suelen tardar estos procesos en los juzgados.

Maeztu ha remarcado, por su parte, que la mediación ha permitido "descongestionar" el sistema de quejas, activar a la ciudadanía y trasladar el foco hacia los conflictos colectivos, generando espacios de diálogo en condiciones de mayor equilibrio entre administraciones y ciudadanía. "No es un complemento del sistema, sino una evolución necesaria", ha señalado, destacando además que esta herramienta forma parte del ADN de la institución y de su compromiso con la cultura de paz y la participación democrática.

De cara al futuro, el Defensor ha planteado el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo como vía "complementaria" para reducir los largos plazos de resolución --que pueden alcanzar entre cinco y quince años-- y los "elevados" costes asociados. Para ello, ha propuesto la creación de un espacio de prueba o laboratorio en colaboración con los órganos judiciales, que permita evaluar su eficacia en un plazo de uno a dos años.

Por su parte, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha mostrado un respaldo "firme" a la mediación, a la que ha definido como "otra forma posible de hacer justicia basada en el diálogo y el consenso", y ha defendido que los acuerdos alcanzados entre las partes ofrecen "soluciones más eficaces y duraderas" que las resoluciones judiciales, al tiempo que contribuyen a aliviar la sobrecarga de los tribunales.

Asimismo, Del Río ha subrayado la necesidad de crear la estructura que permita derivar conflictos hacia la mediación antes de llegar a juicio y ha animado a avanzar "sin miedo" en su implantación dentro del ámbito público. Por ello, Del Río ha considerado "complementario" el paso anunciado por la Defensoría para recibir casos desde la justicia ordinaria, lo que ha provocado la "confianza" del Defensor en avanzar en esta propuesta. El representante de los jueces ha destacado el papel del Defensor del Pueblo Andaluz como "aliado estratégico" por su cercanía a los problemas reales de la ciudadanía y su capacidad para generar espacios de diálogo en ámbitos especialmente sensibles como la educación, la sanidad y los servicios públicos.