El Gobierno reprocha a Andalucía que reclame más dinero para políticas activas de empleo cuando "no cumple requisitos"

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afeado este viernes a la Junta de Andalucía que acuse al Ejecutivo central de "infrafinanciación crónica" en materia de políticas activas de empleo en Andalucía cuando "en lo que en ejecución y despliegue" de estas políticas "con los criterios objetivos que tienen en cuenta cómo se trabaja con carácter previo por parte de las distintas comunidades, no llega al cumplimiento de los requisitos y los objetivos que se marcan".

En declaraciones a los medios en un acto de la Guardia Civil en Sevilla, Fernández ha subrayado que Andalucía es la comunidad que "más recibe" --417 millones-- en el reparto aprobado en la conferencia sectorial --con la abstención de Andalucía-- por lo que ha instado a la Junta a que "se dedique ese dinero para las políticas activas de empleo en una comunidad que tiene cifras récord de desempleados y que, por tanto, tiene más necesidad que ninguna otra de que ese dinero llegue hasta donde tiene que llegar, que es a la formación y la activación de mecanismos para que las personas que están desempleadas pueden acceder a un empleo digo".

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha exigido una revisión del sistema de reparto a nivel estatal ya que la suma de los fondos destinados a políticas activas de empleo y los 50 millones asignados al Plan de Empleo extraordinario en la comunidad mantiene la inversión por desempleado por debajo de la media nacional, lo que considera "claramente insuficiente".

Blanco ha subrayado que los fondos estatales aprobados para la financiación de políticas de empleo, "una vez más, no responden ni al peso de la población andaluza respecto al conjunto de España, ni tampoco a las necesidades reales de nuestra Comunidad para atender a los desempleados". En concreto, Andalucía recibirá 417,1 millones de euros de fondos estatales para políticas activas de empleo para el presente ejercicio, que representa un 16,2% de los cerca de 2.572 millones de euros repartidos al conjunto de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, Ceuta y Melilla. Ese porcentaje es "inferior" al peso real de la población andaluza sobre el total de España, cerca del 18%, según ha expuesto la consejera.

En este contexto, ha criticado que, en comparación con Extremadura o Canarias --comunidades que también reciben fondos extraordinarios del Estado para planes de empleo-- la primera percibe 2.172 euros por desempleado y la segunda 1.389,7 euros, lo que supone 1.333,7 y 551,4 euros más por parado que en Andalucía, respectivamente. A ello ha añadido que la cuantía que el Gobierno central destina a Andalucía para este plan de empleo permanece "congelada" en 50 millones de euros desde 2021.

Al hilo de lo anterior, Blanco ha recordado que las políticas de empleo son una herramienta esencial para reducir el desempleo, mejorar la empleabilidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. De este modo, ha vuelto a reclamar que "se revisen" los criterios de reparto de los fondos estatales para garantizar "una asignación ajustada a la realidad de cada comunidad autónoma", así como "reforzar la transparencia en la información sobre la distribución de recursos y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos".

Entre otras reivindicaciones, ha reclamado conocer la pormenorización del reparto de los fondos para políticas activas de empleo, así como información sobre el grado de cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas de los objetivos establecidos previamente en el ejercicio anterior, un criterio del que depende parte del reparto final de fondos. A su juicio, no disponer de esa información completa "impide conocer con precisión en qué parámetros exactos se basa el Gobierno de España para asignar las cantidades finales".

Asimismo, ha solicitado conocer en la última conferencia sectorial de cada año los objetivos establecidos para el ejercicio siguiente, en aras de poder disponer desde el mismo mes de enero de una planificación acorde a los mismos; y ha urgido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que la "congelación" de las partidas finales como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, "en la práctica implica partir de las cantidades contempladas en las cuentas del Estado de 2023".

Por último, ha defendido que la dotación económica que asigna el Gobierno central a los planes de empleo "debe ser aumentada, revisada y ajustada" para garantizar que todas las regiones reciban una cantidad "proporcional" a sus niveles de desempleo, asegurando así "una distribución justa y eficaz de los recursos, promoviendo la igualdad entre las regiones y fortaleciendo la cohesión y el desarrollo económico en todo el país".