Archivo - Imagen de archivo de graves inundaciones por el paso de borrascas en Grazalema (Cádiz). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo
SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la Península, principalmente a Andalucía.
Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota, el Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros. A inicios de febrero, pocos días después del paso de las borrascas, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo solicitaría dicho fondo.
El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe 'de naturaleza grave', que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición. El fondo financia parte de ciertos gastos e intervenciones de emergencia ya realizadas, derivadas de catástrofes como la sucesión de borrascas que se registró.
Asimismo, los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a: Restablecimiento de las infraestructuras básicas ( la energía, el agua, la sanidad y la educación); alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural, operaciones de limpieza.
De este modo, una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses.
Además, la solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros. El importe asignado a España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.
LOS HECHOS REGISTRADOS
Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana), que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio, aunque el impacto fue mayor en zonas de Andalucía, toda vez que en el sur peninsular las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020).
Sin embargo, el episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577 mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico, que causó inundaciones "extraordinarias".
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), analizando la precipitación acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como "el segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y entre los más relevantes desde que existen registros (1961)".
Concretamente, en Andalucía el impacto ha sido "severo y transversal", con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente. De esta forma, el impacto humano y material de estas lluvias persistentes e intensas asociadas a las borrascas ha sido severo.
En población (más de 12.400 personas desalojadas y múltiples cortes de suministros básicos, viviendas destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos casos derrumbes totales o parciales). En Infraestructuras y servicios públicos (daños en la red de transportes, con 150 carreteras afectadas, suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave, daños graves en centros educativos, sanitarios, edificios públicos, instalaciones deportivas, municipales y puertos así como la necesidad de efectuar desembalses controlados para preservar la seguridad de las infraestructuras).
Además, en economía (afección masiva a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el aislamiento de polígonos industriales y negocios locales). En patrimonio cultural y natural (afección a bienes de alto valor histórico como castillos y conventos así como deterioros significativos en el entorno natural a causa de las lluvias extremas y los desbordamientos).
En conjunto, la población sufrió situaciones de aislamiento, pérdidas materiales significativas y desplazamientos forzosos, requiriéndose dispositivos de emergencia, albergues temporales y atención continuada. Y los daños económicos fueron generalizados y multidimensionales, afectando tanto a actividad pública como privada.
Ante esta situación, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en Andalucía. Esta norma ha permitido, entre otras medidas, activar un paquete de ayudas directas para paliar daños personales, en viviendas y enseres, la reactivación económica de autónomos y pymes, medidas de exención fiscal y apoyo financiero a corporaciones locales para obras de reconstrucción
ORIGEN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD (FSUE)
El FSUE nació como respuesta a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002. Desde entonces, se ha mostrado como una herramienta capaz de actuar ante las grandes catástrofes naturales y de salud pública y reflejar la solidaridad europea. En España, la primera vez que se activó el Fondo de Solidaridad fue en noviembre de 2003 con motivo de la crisis del Prestige y, desde entonces, se han recibido fondos en ocho ocasiones.
Entre éstas, destaca el terremoto de Lorca en 2011, la Covid-19 en 2020, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en 2022, o la Dana en 2024.
Asimismo, recientemente España se ha beneficiado de este mecanismo, destacando la concesión el año pasado de 946 millones de euros para paliar los efectos de la Dana de 2024, lo que supuso la segunda mayor cuantía otorgada en la historia del Fondo. Con esta nueva solicitud, el Gobierno reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas europeas disponibles para acelerar la recuperación de los territorios afectados.
Por último, el Gobierno ha combinado la movilización de recursos nacionales con la activación de los mecanismos de solidaridad europea para la reconstrucción de grandes infraestructuras y servicios públicos.