Maeztu califica de "insuficientes" las medidas públicas en vivienda turística que agravan el acceso a la vivienda

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido en su informe anual de 2025 de que la expansión de las viviendas turísticas está agravando las dificultades de acceso a una vivienda en Andalucía, especialmente en zonas con alta presión de demanda, y ha concluido que las medidas públicas existentes resultan insuficientes para dar respuesta a corto plazo a este problema.

La institución ha enmarcado esta situación en el marco del derecho a una vivienda digna y adecuada, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, tal y como se desprende del informe consultado por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que la vivienda no se limita a "cuatro paredes y un techo", sino que constituye un derecho fundamental vinculado a otros derechos como la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, la protección de la familia o el libre desarrollo de la personalidad, lo que obliga a las administraciones a garantizar su acceso en condiciones adecuadas.

El informe apunta que amplios sectores de la población están actualmente excluidos del mercado de la vivienda, tanto del denominado mercado libre como del regulado, debido a la falta de oferta asequible y al incremento de los precios, en un contexto de crecimiento poblacional y aumento de la demanda.

Así, recoge que los precios de la vivienda continúan al alza, con un incremento del 12,8% interanual en el tercer trimestre de 2025, mientras que el alquiler en ciudades andaluzas como Málaga, Cádiz o Sevilla alcanza niveles que sitúan el coste de una vivienda media entre los 847 y los 1.100 euros mensuales.

Esta situación contrasta con los ingresos de buena parte de la población, ya que, según datos de registros de demandantes, miles de personas disponen de ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem, lo que dificulta de forma significativa el acceso a una vivienda adecuada y obliga a destinar un porcentaje elevado de los ingresos al pago del alquiler.

De hecho, el informe señala que el esfuerzo económico para acceder a la vivienda supera ampliamente los niveles recomendados, situándose en torno al 38% en el caso de la compra y cerca del 40% en el alquiler, lo que afecta especialmente a jóvenes y familias con rentas medias, muchas de las cuales se ven obligadas a recurrir al alquiler de habitaciones.

En este contexto, el Defensor ha identificado la expansión de las viviendas de uso turístico como uno de los factores que contribuyen a la actual situación, aunque no el único, y ha advertido de su impacto en la reducción de la oferta de alquiler residencial.

DIFICULTADES DE ACCESO Y QUEJAS CIUDADANAS

El informe recoge numerosos casos que evidencian las dificultades para acceder o mantener una vivienda, incluso entre personas con empleo o ingresos estables.

Así, se mencionan situaciones de familias que, pese a disponer de ingresos, no pueden asumir alquileres superiores a los 800 o 1.000 euros, trabajadores que se ven obligados a abandonar su ciudad ante la imposibilidad de encontrar vivienda o personas que destinan la mayor parte de su salario al pago del alquiler.

También se describen casos de incremento significativo de rentas, dificultades para acceder a contratos de alquiler o situaciones en las que los propietarios exigen garantías que excluyen a quienes perciben ingresos procedentes de prestaciones.

En paralelo, el Defensor ha alertado de la situación de especial vulnerabilidad de determinados colectivos, como personas con bajos ingresos, familias con menores o personas sin hogar, que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a una vivienda o evitar su pérdida.

Asimismo, pone de relieve la existencia de prácticas relacionadas con grandes tenedores de vivienda que derivan en procedimientos de desahucio, en algunos casos sin alternativas habitacionales claras, lo que agrava la situación de las familias afectadas.

Junto a este diagnóstico, el informe ha concluido que las medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda resultan insuficientes para ofrecer una solución a corto plazo, especialmente para quienes no pueden acudir al mercado privado.

En este sentido, señala las limitaciones del parque público de vivienda en alquiler, la existencia de numerosas quejas relacionadas con su mantenimiento y gestión, y las dificultades de acceso a este recurso por parte de personas con escasos ingresos.

También advierte de los retrasos en la tramitación y pago de ayudas al alquiler, como el Bono Alquiler Joven o las ayudas para personas vulnerables, que en algunos casos se resuelven con varios años de demora, lo que reduce su eficacia como instrumento de apoyo inmediato.

El Defensor ha subrayado además la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad de cada territorio, evitando soluciones homogéneas para situaciones diversas, y de reforzar la coordinación entre administraciones para garantizar una respuesta eficaz.

Según el informe, en Andalucía existían en mayo de 2025 un total de 96.176 viviendas turísticas, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al año anterior y sitúa a la comunidad entre las que cuentan con mayor presencia de este tipo de alojamientos.

Aunque su peso sobre el conjunto del parque de viviendas ronda el 2%, la institución ha subrayado que su incidencia es especialmente intensa por su concentración en determinadas zonas, como centros históricos, barrios consolidados y municipios costeros con alta demanda turística.

En estas áreas, la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos reduce la oferta disponible para alquiler de larga duración, incrementa la competencia entre residentes y contribuye a la subida de los precios, afectando especialmente a jóvenes y hogares con rentas medias y bajas.

El informe añade que este fenómeno favorece procesos de desplazamiento de población residente hacia zonas periféricas, así como cambios en la estructura social y funcional de los barrios, sustituyendo usos cotidianos por actividades vinculadas al turismo.

No obstante, el Defensor ha insistido en que la vivienda turística no explica por sí sola el problema, señalando también la existencia de factores estructurales como la escasez de vivienda pública, el aumento del precio del suelo, la concentración de la propiedad o el elevado número de viviendas vacías, que en Andalucía supera las 640.000.

Además, el informe ha incidido igualmente en el impacto del problema de la vivienda sobre la infancia y la adolescencia, al considerar que la falta de una vivienda adecuada dificulta el ejercicio de derechos básicos como la educación, la salud o el acceso a espacios de ocio.

En este sentido, ha señalado que las dificultades de acceso a la vivienda se agravan en el caso de familias con menores, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, y advierte de que la falta de alternativas habitacionales puede afectar al desarrollo personal y social de los niños.

Por todo ello, el Defensor ha reclamado una política de vivienda más ambiciosa, que priorice el derecho a la vivienda frente a su valor como activo económico, refuerce el parque público, mejore la eficacia de las ayudas y tenga en cuenta las necesidades específicas de cada territorio y colectivo.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de dotar de recursos económicos y humanos suficientes a las administraciones competentes, mejorar la transparencia y garantizar la coordinación entre instituciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna en Andalucía