SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un 13 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía ha renunciado en este año a continuar con el proceso judicial que se inició al denunciar a su agresor. De ellas, el 51,5 por ciento no ha recurrido al apoyo psicológico, mientras que un 24,9 por ciento sí lo tenía pero renuncia.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha presentado este viernes en Sevilla el libro 'La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza', un trabajo realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con el Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.
Concretamente, de las 6.390 denuncias presentadas por mujeres víctimas de la violencia de género, en torno a 831 renunciaron a continuar con el procedimiento, según datos al primer trimestre del año. La consejera ha puesto el acento en que ninguna de las cinco mujeres asesinadas en lo que va de año presentó denuncia ni pidió que se le iniciara el procedimiento judicial, con lo que tienen más sentido aún estudios de este tipo.
Ha señalado que el IAM "va a seguir apostando por el tratamiento integral que, en estos momentos, viene dando a las mujeres víctimas de la violencia y a sus familias, tanto en lo que se refiere a la protección y la prevención, pero también en la formación de los profesionales que están en el día a día en contacto y que son fundamentales a la hora de hacer esa detección precoz que nos permite intervenir y actuar a las administraciones".
Ha apuntado que el Ejecutivo andaluz tiene que redoblar esfuerzos "en un momento en el que el Gobierno de la nación ha recortado en prevención en la lucha contra la violencia de género en torno al 21 por ciento del presupuesto, lo que vendría a suponer casi 6,5 millones de euros", y los institutos de la Mujer han visto reducidos los recursos que reciben por parte del Ejecutivo central "en torno al 15 por ciento".
Según el informe del IAM, el porcentaje de abandono del proceso judicial por parte de las víctimas (según datos del CGPJ), ronda el 12 por ciento en España, lo que evidencia un éxito: la inmensa mayoría de las mujeres, un 88 por ciento, tienen la valentía de continuar el procedimiento. Pese a ello, la Junta subraya la importancia del estudio de ese 12 por ciento restante, ya que permite conocer las razones de esa minoría para poder ayudar a las mujeres que quedan más desprotegidas.
La investigación, que cuenta con conclusiones cualitativas (fruto de entrevistas a profesionales y víctimas) y cuantitativas (resultado de 803 cuestionarios a mujeres que han sufrido violencia de género), permite destacar cuatro grandes razones de abandono: la situación sociodemográfica, el propio procedimiento penal, los efectos de la violencia de género y la situación psicológica de la mujer.
Respecto a estos dos últimos aspectos, las personas expertas apuntan situaciones sociales derivadas de la propia violencia que influyen en el abandono, como el miedo de la víctima a la actuación de su ex pareja y de su entorno familiar; el chantaje del agresor por la pensión de los hijos e hijas, o por la custodia de los mismos; el riesgo de que la víctima dé otra oportunidad al agresor; el sentimiento de culpa de la mujer porque él pueda ir a prisión; la minimización del riesgo que corre o la incertidumbre sobre su futura situación.
Es llamativo que el porcentaje de renuncia baje al 19 por ciento cuando el apoyo sea prestado por los servicios sociales, que intervienen desde un enfoque integral
Respecto a la situación sociodemográfica, el estudio destaca factores de mayor vulnerabilidad como el nivel educativo (las mujeres sin estudios registran un mayor porcentaje de renuncias, 55,8 por ciento, que el resto, 35 por ciento); el conocimiento del idioma (las mujeres de habla no hispana renunciaron significativamente más, un 60,7 por ciento, que el resto); el escaso apoyo familiar y social (lo que demuestra que hace falta mayor concienciación social) o la falta de recursos económicos/laborales (el 72 por ciento de las mujeres entrevistadas que renunciaron al procedimiento no tenían ingresos o eran inferiores a 500 euros mensuales).
Muy llamativos son los resultados relacionados con el procedimiento penal. En este sentido, destacan hechos como el desconocimiento por parte de las víctimas del proceso judicial (el 74 por ciento reconoció no saber nada sobre el mismo), o el desfase entre las expectativas de las mujeres y la realidad del procedimiento. Así, muchas esperan que la denuncia inicial acabe de raíz con la situación de violencia.
DECISIÓN MEDITADA
Muestra de ello es que el porcentaje de renuncias es menor cuando las mujeres denuncian tras una decisión meditada (22,8 por ciento), y es mayor cuando la empuja un suceso traumático pero sin planificación (43,85 por ciento).
Los tiempos excesivamente dilatados de los procedimientos penales y la excesiva burocratización pueden originar un abandono. De hecho, de los 131 casos estudiados que terminaron en renuncias, la mayoría de los abandonos se produjeron en el período de instrucción (45 por ciento) o en las primeras 72 horas (35 por ciento), mientras que hubo un bajo nivel de renuncia en los juicios orales (8 por ciento) y los juicios rápidos (12 por ciento).
Otra vivencia estresante para las víctimas es el tener que enfrentarse al agresor y a su familia. El contacto con el agresor parece determinante, ya que el 74,4 por ciento de las que abandonan tienen un contacto frecuente con el agresor.
El estudio también reseña como motivo de abandono la presión de las personas profesionales de la abogacía que están tramitando el procedimiento civil de separación, y que a veces proponen la retirada de la denuncia para garantizar el pago de la pensión o el respeto al régimen de visitas impuesto. Asimismo, la no concesión de la orden de protección es considerada otra causa de abandono: el 55,6 por ciento de las mujeres a las que no se les concede la orden de protección renuncian frente al 19,7 por ciento de las mujeres que lo hacen teniendo la orden concedida.
