Adepa prevé reunirse este miércoles con la Junta para analizar el nuevo proyecto básico de las Atarazanas

Reales Atarazanas de Sevilla
Europa Press - Archivo
Actualizado: martes, 18 diciembre 2018 15:40

Ha pasado prácticamente un año desde la firma del acuerdo alcanzado para desbloquear el conflicto

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) prevé celebrar este miércoles a las 18,00 horas una reunión con los responsables de la Consejería de Cultura, en torno al nuevo proyecto básico de restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC), como nuevo espacio cultural de Sevilla, un documento recientemente remitido por la Administración andaluza al colectivo conservacionista.

La entrega del nuevo proyecto básico de restauración y adaptación del monumento, un documento diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, surge prácticamente un año después de que la Junta, la Fundación Bancaria 'la Caixa' y Adepa firmasen el acuerdo que ponía fin al prolongado y enquistado conflicto que rodeaba a esta iniciativa.

A tal efecto, Joaquín Egea, portavoz de Adepa, ha explicado a Europa Press que si bien inicialmente se difundió que el mencionado encuentro se celebraría este martes, la reunión ha sido fijada para las 18,00 horas de este miércoles en la sede central de la Consejería de Cultura. No obstante, ha adelantado su impresión de que el encuentro finalizará sin haber limado todos los aspectos relativos al nuevo proyecto básico, destacando eso sí que ahora ambas partes cuentan con "una base en torno a la cual poder hablar".

El diseño original del proyecto de restauración, obra del arquitecto Vázquez Consuegra, plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

El proyecto estaba autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y contaba con licencia de obras, si bien Adepa y otros colectivos conservacionistas lo tachaban de "crimen patrimonial". Principalmente, criticaban que la iniciativa no recuperase la cota original del monumento y contemplase "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado".

Además, criticaban la previsión inicial de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio suponía "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento. Adepa, de hecho, impugnó ante los tribunales la licencia de obras del proyecto, consiguiendo una orden judicial de suspensión cautelar de la licencia, hasta la resolución definitiva del litigio.

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para una salida negociada.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

El principio de acuerdo alcanzado meses atrás contemplaba entre otros aspectos la renuncia a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares, incluyendo excavaciones en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade, la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro, la renuncia a habilitar accesos al monumento desde la calle Dos de Mayo, la conservación de la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVIII o la renuncia a usos hosteleros en el cuerpo superior.

Así, a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria del contrato de restauración y gestión del recinto y Adepa firmaban el acuerdo que ponía fin a este conflicto. El acuerdo, recogido por Europa Press, contemplaba la "modificación y nueva redacción" del proyecto arquitectónico con "plenas garantías" respecto a los "criterios, metodologías y técnicas aplicables" en la actuación, toda vez que Adepa aceptaba "desistir" de sus acciones judiciales y se comprometía a "no interponer acción judicial alguna ni presente ni futura".

En ese sentido, el anexo que acompaña al convenio incluye aspectos como un "sistema alternativo de refuerzo de la cimentación" de los pilares o el "mantenimiento de la integridad visual de las naves", entre otros detalles negociados entre Adepa y la Consejería de Cultura respecto al diseño final de la intervención

El documento final, así, recoge aportaciones y recomendaciones de todas las partes que enriquecían el proyecto original, que había de ser modificado por Guillermo Vázquez Consuegra, como finalmente ha sucedido.

La idea, según trasladaban entonces las autoridades, era que las obras arrancasen en el primer trimestre de 2019 con un presupuesto de 12,8 millones --diez millones más impuestos y 800.000 euros para el mirador arqueológico--.