Alaya cita a peritos de Intervención para ratificar su informe sobre los ERE

Actualizado 25/02/2015 11:06:23 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya ha citado este miércoles día 25 de febrero a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado para que ratifiquen su informe sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, un informe que la instructora considera "la pieza clave" para los imputados que no son aforados, que ascienden a 266.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado este miércoles, a partir de las 11,00 horas, aunque la comparecencia se podría prolongar durante varios días más en horario de mañana y tarde dada la "complejidad" del informe.

Cabe recordar que, en su informe, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

"IRREGULARIDADES"

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.

"A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", concluye el informe.

La ratificación del informe pericial se llevará a cabo después de que la juez rechazara la petición de suspensión planteada por la defensa de varios exaltos cargos y de dos exconsejeros de la Junta que se encuentran aforados, aunque sí accedió a aplazar la comparecencia --en un principio estaba prevista para el pasado jueves-- a fin de que las partes pudieran estudiarse el 'contrainforme' pericial presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y en el que los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago "vienen a contradecir las conclusiones obtenidas" por los peritos de la Intervención.

JUSTIFICA QUE LA RATIFICACIÓN SE HAGA EN SU JUZGADO

En un primer auto, la juez rechazó la petición de suspensión planteada por las defensas del exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro y de los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara y defendió que la ratificación se lleve a cabo en su Juzgado y no en el Tribunal Supremo dado que la competencia del Alto Tribunal "ha quedado constreñida a cinco aforados --los expresidentes Manuel Chaves y Griñán y tres exconsejeros--", mientras que el resto de la causa, "con más de 250 imputados para los que el informe pericial sigue siendo la pieza fundamental, está residenciada por ahora en este Juzgado".

De igual modo, y en un segundo auto, la instructora rechazó la suspensión solicitada por los abogados de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila y negó que la citación de los peritos tenga "alguna finalidad espuria", pues ha sido "señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral", en referencia a las elecciones andaluzas del 22 de marzo.

Así, la instructora pone de manifiesto, en relación al escrito presentado por los dos aforados andaluces, que "se trataría de una interpretación sesgada y alejada de la realidad considerar que la ratificación ordenada, señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral, pueda tener alguna finalidad espuria distinta del cumplimiento de la legalidad de conformidad con el artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

RECHAZA GRABAR LA COMPARECENCIA

Al hilo de ello, la juez Alaya añade que no se debe olvidar que "tras las elecciones autonómicas" del próximo 22 de marzo "se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes, no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral".

Asimismo, recuerda que el auto de 30 de septiembre "por el que se acordaba 'demorar' la ratificación del informe pericial para que fuera practicada en su sede definitiva, se dictó antes" de que el Tribunal Supremo, mediante auto de 13 de septiembre, "estimara su competencia ante la exposición razonada elevada por este Juzgado únicamente respecto de la posible participación en hechos delictivos de los cinco aforados nacionales, expresando dicho Alto Tribunal que el resto del procedimiento debía continuar ante los órganos competentes".

Por ello, "las razones que en su momento existieron para retrasar la práctica de la diligencia acordada, dejaron de estar vigentes con el pronunciamiento del Tribunal Supremo", asevera la instructora.

De igual modo, la juez ha rechazado la petición planteada por la defensa de los exdirectores generales de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán y Juan Vela para que se grabara la comparecencia de los peritos, ya que "la exigencia de grabación audiovisual de cualquier comparecencia que se realice en fase de instrucción carece de cobertura legal", pues dicha grabación "sólo es obligatoria en los juicios".

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