Actualizado: jueves, 13 julio 2017 17:14

Ismael Perea asegura que era el extesorero de la junta de compensación del Sector F quien llevaba la contabilidad

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Julio Mateos Palacios, extesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla) y actualmente en prisión por el presunto desfalco de 3,7 millones de euros de las cuentas de dicha entidad, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Julio Mateos, conocido popularmente como el 'Dioni' de Almensilla, ha comparecido este jueves por videoconferencia ante la juez que investiga el caso y se ha negado a declarar alegando que no dispone de las transcripciones de las declaraciones que se han efectuado hasta la fecha.

De este modo, y según las mismas fuentes consultadas, el investigado ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel donde se encuentra interno y ha dicho que "quiere declarar", pero que lo hará cuando cuente con las transcripciones de dichas declaraciones, pues el no contar con las mismas le causa "indefensión" en estos momentos.

La juez sí ha tomado declaración este jueves al expresidente de la junta de compensación y director general del consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad de la información y el conocimiento en Andalucía 'Fernando de los Ríos', Ismael Perea, que ha contestado a las preguntas de la juez, la fiscal, y de su propio abogado.

En este sentido, Ismael Perea ha asegurado que Julio Mateos llevaba la contabilidad y rendía cuentas a la asamblea, donde presentaba las cuentas con un certificado de auditor y la asamblea las aprobaba, añadiendo asimismo que "nunca desconfió" de la gestión del extesorero.

Asimismo, la juez tomó declaración este miércoles como investigados al presidente y al secretario de la junta de compensación, a su vez vocales de la junta de delegados, y al exalcalde de Almensilla José Carlos López (IU-CA), que como primer edil fue representante del Ayuntamiento en la junta de delegados.

NECESIDAD DE DOS FIRMAS

En sus declaraciones, todos ellos han puesto de manifiesto "la falta de control de la Caixa sobre la necesidad de dos firmas para disponer de los fondos" de la junta de compensación, ya que tanto en los estatutos como en el contrato consta la necesidad de estas dos firmas.

A juicio de sus abogados, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, "ha quedado claro que los miembros de la junta de delegados no tienen ninguna responsabilidad en los hechos investigados, más bien al contrario", ya que, "como hicieran otros miembros de la junta de delegados días pasados, han declarado considerarse perjudicados económica y moralmente por lo ocurrido".

De este modo, han aclarado que la junta de delegados "no tiene ninguna responsabilidad por falta de control del tesorero", puesto que éste fue nombrado por la asamblea "con el mayor porcentaje de votos de la historia" y, ante dicha asamblea, "rendía cuentas de forma exhaustiva", de forma que la asamblea "ha aprobado siempre las cuentas presentadas por el tesorero, incluido el año 2015".

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