El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a la derecha de la imagen, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. - DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha invitado este miércoles a abrir un "espacio de reflexión" sobre la violencia de género en entornos digitales, donde ha señalado el "papel clave que tienen las escuelas, las familias y los medios de comunicación en su corresponsabilidad para enseñar que el respeto y la igualdad también son valores digitales".
Durante la inauguración de la 'Jornada Ciberviolencia de género, nuevas formas de violencia contra la mujer', organizada por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía en colaboración con la Universidad de Sevilla, Fernández ha considerado "imprescindible" que en ese espacio de reflexión "las empresas tecnológicas no miren hacia otro lado cuando las plataformas son el espacio donde se ejerce una parte creciente de esta violencia", en plena investigación policial, administrativa y judicial por el suicidio de Sandra Peña, víctima de presunto acoso escolar.
En este aspecto, en una nota de prensa, ha recordado que "el Gobierno de España está adoptando medidas para que estas plataformas digitales adopten mecanismos de verificación de edad, controles parentales, retirada rápida de contenidos ilícitos y mayor transparencia en la moderación de contenidos que pueden constituir ciberviolencia".
En su opinión, "la igualdad no puede quedarse atrás en la era digital", si bien ha reconocido que "los datos nos confirman que la ciberviolencia tiene un claro sesgo de género". Según datos del Ministerio de Igualdad, más del 73% de las mujeres en España ha sufrido o ha estado expuesta a alguna forma de violencia en el ámbito digital, y el 90% de las víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas son mujeres.
En el caso concreto de los jóvenes, el estudio 'Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital' (Ministerio de Igualdad, 2024) muestra que las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a prácticas como el grooming, la sextorsión o la vigilancia digital ejercida por parejas o exparejas. "La ciberviolencia de género no distingue clases sociales ni edades, a lo que se suma la gravedad de que los contenidos pueden multiplicarse en segundos, volverse virales y permanecer en la red durante años, lo que provoca que la víctima no solo sufre el daño inicial, sino una revictimización constante", ha apuntado.
En su opinión, "la magnitud de esta realidad nos exige una respuesta institucional, jurídica, tecnológica y social" porque "no basta con sancionar; debemos anticiparnos". Por ello, ha explicado que el Gobierno de España trabaja en la prevención, poniendo especial énfasis en la educación y la alfabetización digital a través de la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, donde se han incorporado medidas específicas frente a la violencia digital: el refuerzo de los canales de denuncia, el desarrollo de programas de educación digital igualitaria, la colaboración con plataformas tecnológicas para retirar contenidos ilícitos y la atención especializada a víctimas de ciberviolencia.
Además, ha añadido, la aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales (DSA) establece obligaciones concretas a las plataformas para retirar con rapidez contenidos de odio o violencia, a reforzar la verificación de edad y a proteger los derechos de las víctimas. También ha hecho mención al acuerdo para distribuir 179,8 millones de euros en 2025 entre las comunidades autónomas, destinados a fortalecer los servicios de atención, prevención y reparación para víctimas de violencia de género, también en la modalidad digital y en entornos tecnológicos.
"Frente a nuevas formas de violencia debemos emprender nuevas formas de protegernos y actuar de forma coordinada instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Justicia, los medios, las asociaciones de mujeres y la ciudadanía porque ningún avance tecnológico puede servir de excusa para retroceder en derechos", ha concluido.