SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un informe de la Secretaría General y los Servicios Jurídicos de la Diputación de Sevilla con relación a las desinfecciones en los centros educativos frente a la pandemia de coronavirus Covid-19 determina que tales tareas implican "una ampliación de las competencias propias" de los ayuntamientos, con lo que según dicho informe adelantado por Diario de Sevilla sería necesaria una "adaptación de la competencia propia municipal" a las medidas y criterios propuestos por la Junta de Andalucía para tales trabajos, así como una "dotación presupuestaria".
Al respecto, la Diputación recuerda que los ayuntamientos tienen competencia propia en cuanto a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y Educación Especial. Y se especifica que tienen la obligación de carácter permanente y ordinario con la finalidad de conservar en buen estado de funcionamiento las instalaciones.
Por otra parte, indica que el hecho de que los ayuntamientos realicen "tareas extraordinarias" relativas a la prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en los centros docentes como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, "supone una ampliación de las competencias propias de los ayuntamientos", según la institución provincial.
Según se desprende del informe jurídico de la Diputación, esas tareas extraordinarias tendrían que ser asumidas por los consistorios mediante una "adaptación de la competencia propia municipal" a las medidas y criterios propuestos por la Junta de Andalucía en virtud de los principios de colaboración y cooperación administrativa.
La atribución o asignación de estas nuevas competencias o funciones por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos "no tienen el rango normativo adecuado para ello, por lo que debe realizarse una delegación de competencias que requeriría la aceptación por parte de los ayuntamientos, o en su caso la encomienda de gestión, que podría articularse mediante convenio que, como es lógico, debe conllevar dotación presupuestaria", como ha explicado la diputada responsable del Área de Concertación, María Regla Martínez.
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