SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exjefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional Francisco T. y los exresponsables de los grupos II y III, que estaban imputados por ocultar y no denunciar hasta pasada una semana el robo de 154,4 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, todo ello "sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran proceder" contra ellos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Ana Escribano estima de esta manera la petición realizada por la Fiscalía, que había solicitado el archivo de la causa contra los tres policías al entender que "el tiempo transcurrido desde que los funcionarios tienen la certeza de que no ha habido un error en la etiqueta o almacenaje de la droga hasta la comunicación al juzgado del hecho de la desaparición de la droga no puede considerarse excesivo si se tiene en cuenta la actuación que realizaron para averiguar lo ocurrido".
Así, el Ministerio Público consideraba en su escrito que "tampoco hay pruebas, ni indicios suficientes, de que la actuación de algunos de los funcionarios imputados tuviera por finalidad desviar la investigación por caminos distintos a los que se siguieron", por todo lo cual pidió el archivo de la causa sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que hubieran podido incurrir los imputados.
INVESTIGACIÓN "CONCLUIDA"
En el auto, la juez instructora pone de manifiesto que, en las diligencias previas incoadas, la investigación "ya ha concluido", pues "se han practicado todas aquellas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los indicios que han sido puestos de relieve a lo largo de cuantas resoluciones se dictaron", señalando que, una vez practicadas estas diligencias, se confirió traslado a la Fiscalía.
Según relata, el Ministerio Público "ha manifestado que, a su juicio, no está debidamente justificada la perpetración del delito" de omisión del deber de denunciar y perseguir delitos que se imputaba a los tres agentes y ha pedido el archivo, una petición que la juez estima acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
En su escrito, el fiscal Alfonso Demetrio Sánchez argumentaba que "no hay motivos suficientemente razonables" para probar que trataran de ocultar y no denunciaran hasta pasada una semana el robo de la droga, poniendo de manifiesto que, "si bien en un principio hubo sospechas y algún indicio" contra los imputados, "lo cierto es que finalmente, agotadas todas las vías de investigación, no puede afirmarse que haya motivos suficientemente razonables para mantener una acusación".
LOS HECHOS
El fiscal aprovechaba para advertir de que, a través de la investigación llevada a cabo, se han puesto de manifiesto las "deficiencias" del lugar donde se almacenaba y custodiaba la droga intervenida por la Policía, "no sólo por las dificultades de almacenamiento que presentaba tal lugar, sino por los escasos medios de seguridad que tenía", una situación que, "en su caso, podrá dar lugar a una responsabilidad administrativa pero no de carácter penal".
Pues bien, la Fiscalía relata que fue el 23 de mayo de 2008 cuando solicitó al Juzgado que se practicara un segundo análisis de la droga intervenida en febrero por parte del Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de modo que, el 26 de mayo, la juez contactó telefónicamente con el jefe del grupo II de la Udyco, José R., al objeto de comprobar si ya se había destruido la droga, comunicando el imputado que no había sido destruida y que se encontraba en sus dependencias.
Tras ello, la juez le dio orden de que no se destruyera sino que se remitiera a la Subdelegación para realizar el referido segundo análisis, y así fue el 5 de junio de 2008 cuando el imputado llevó la droga al Área de Sanidad de la Subdelegación, pero al abrir el paquete que debía contener la droga --cocaína--, se pudo comprobar que sólo había cinco paquetes, cuando debían ser seis, y el aspecto y el color de los mismos no era el mismo de la droga que había sido intervenida.
ERROR EN LA CADENA DE CUSTODIA
En ese momento "fue cuando empiezan a sospechar que podía haber habido algún error", tras lo cual, concretamente el 5 de junio, el jefe del Grupo II llamó por teléfono al Juzgado para solicitar autorización para la destrucción del alijo, lo que, según el fiscal, "pudiera ser un indicio de que quería hacer desaparecer la prueba de que la cocaína había sido sustituida por otra sustancia, pero tal indicio no tiene suficiente consistencia para mantener una acusación".
Según el fiscal, el responsable del Grupo II de la Udyco "da una explicación de su forma de actuar, achacando a los nervios del momento el no haberse expresado con perfecta claridad --pues acababan de descubrir que el paquete que llevaron a Sanidad no contenía lo que debía ser--, ya que realmente la destrucción que solicitaba era la del verdadero alijo que creía que podría ser localizado en el depósito, y trasladarlo a Sanidad para el nuevo análisis".
Después de confirmar que la sustancia que había en el depósito no era cocaína, comenzaron una serie de gestiones "para averiguar si se había producido algún error en la cadena de custodia o en el almacenaje de la sustancia intervenida", y a tal fin se reunieron el 11 de junio de 2008 los responsables de los distintos grupos de la Udyco y otros funcionarios de la Policía Científica.
CUATRO LLAVES PARA ACCEDER AL CALABOZO
No obstante, y tras comprobar que no hubo ningún error ni en la toma de muestras ni en la recogida y traslado de la droga al depósito, ni tampoco en el lugar de almacenaje, el 12 de junio el que fuera jefe de la Udyco y el jefe del Grupo II se personaron en el Juzgado "para poner en su conocimiento que, al abrir las cajas que debían contener la droga a la que se iba a practicar un segundo análisis, se percataron de que no se trataba de la misma sustancia y que podía haber sido sustituida en las dependencias de la Udyco".
Tras las "oportunas" averiguaciones, se pudo concretar que para llegar al antiguo calabozo donde se almacenaba la droga era necesario disponer de cuatro llaves, dos de las cuales --la de entrada a la zona donde se ubicaban los calabozos y la de la puerta del calabozo-- "estaban a disposición de múltiples personas --no sólo de miembros de la Udyco--", tras lo que añadía que "tampoco es suficiente indicio" el hallazgo de los perfiles genéticos de los imputados entre los paquetes almacenados, pues "también aparecieron otros perfiles de otras personas que teóricamente no debían haber tocado tales paquetes".
Por el robo de la droga, la juez ha procesado al exagente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars S.M., a su socio, M.A.N., y a la esposa de éste, M.V.S.G., por la presunta comisión de un delito continuado de robo con fuerza y un delito continuado contra la salud pública, a quienes impone el pago de una fianza de cuatro millones. De su lado, también procesa a la esposa de Lars, M.T.M.S., aunque en su caso por un delito de blanqueo de capitales, imponiéndole el pago de una fianza de 250.000 euros.
