SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria autonómica del PP andaluz Alicia Martínez ha defendido este sábado la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica para la Función Social de la Vivienda. La diputada autonómica del PP ha reclamado al Gobierno autonómico de PSOE e IU-CA que deroguen la regulación en cuestión al constituir un mero instrumento de "confrontación" y no responder al "derecho constitucional".
Como se ha informado, la sesión del Consejo de Ministros celebrada este pasado viernes aprobó solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.
Los apartados impugnados por el Ejecutivo central, para los que solicita su suspensión, son los relativos a la "declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social"; la "definición de viviendas deshabitadas" y la "clasificación de infracciones muy graves" para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler.
A tal efecto, Alicia Martínez ha manifestado a Europa Press que el decreto autonómico inicial del que parte la regulación andaluza impugnada por el Gobierno central ya fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad a manos del Estado porque "no se acoge al derecho constitucional". Martínez ha recordado que el PP andaluz propuso hasta 82 enmiendas al texto legal ahora impugnado por el Ejecutivo central para adecuarlo a las normativas y "ninguna fue admitida", aspecto que ha criticado.
La parlamentaria autonómica del PP ha advertido de que a través de esta ley, la Junta de Andalucía sólo ha consumado la expropiación de dos viviendas, por lo que ha reclamado al Gobierno andaluz, y en concreto a la consejera Elena Cortés (IU-CA), que "no utilice de modo partidista a las familias que puedan ser objeto de desahucios", sobre todo porque, a su juicio, para el Gobierno autonómico de PSOE e IU-CA esta ley es un mero instrumento de "confrontación" con el Gobierno central del PP. "La consejera miente cuando dice que la ley ha solucionado un desahucio al día", ha enfatizado.
En ese sentido, señalado que la ley andaluza se ha traducido, a día de hoy, en dos expropiaciones de viviendas cuando "el decreto del Gobierno central de Mariano Rajoy de marzo de 2012 de protección de deudores hipotecarios, el código de buenas prácticas" bancarias promovido después, el nuevo decreto de "refuerzo" al ya mencionado decreto inicial, y una "ley antidesahucios" promovida por el PP "con un nuevo marco para la legislación hipotecaria" suma "más de 20.000 andaluces" beneficiados de medidas como la paralización de desahucios, la reestructuración de deudas o la conocida dación en pago.
Sólo en 2012, según Martínez, hubo "14.000 daciones en pago" de viviendas gracias a estas medidas estatales. "Quien verdaderamente apoya a los bancos es la Junta, que cada día paga diez millones de euros a los bancos" en concepto de intereses pero destina "cero euros" a las familias afectadas por los desahucios, según la dirigente popular, quien finalmente reclama que el Gobierno andaluz de coalición opte por "derogar" directamente la ley recurrida por el Gobierno central.
