Foto: EUROPA PRESS
La empresa Maestrazgo de Sevilla S.L. recibió dos ayudas por valor de 2,4 millones "sin ni siquiera haberla solicitado"
SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha hecho público este martes un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que refleja que las subvenciones de la Consejería de Empleo con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos "se repartían sin ningún tipo de procedimiento administrativo", una cuestión que "ya advirtió" con anterioridad la Intervención General de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o los autos de la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la citada partida presupuestaria.
Según ha informado en rueda de prensa la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, el informe del Consejo Consultivo, fechado el pasado 6 de marzo, prueba que las subvenciones que se han dado a cargo de la partida 31L se han hecho "sin procedimientos administrativos". El órgano, presidido por Juan Cano Bueso, a petición de la Consejería de Empleo de la Junta, somete a dictamen el expediente relativo a la revisión de oficio de dos resoluciones de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por las que se concedieron subvenciones específicas por valor de 1,2 millones de euros cada una a favor de la entidad Maestrazgo de Sevilla S.L. en los ejercicios económicos 2006 y 2007, ambas con fecha de 12 de diciembre de 2005, así como las resoluciones de 20 de diciembre de 2005 y 28 de marzo de 2006, sobre el abono de dichas subvenciones.
Al hilo de esto, Soto ha señalado que el origen de la consulta está en "el impago de las ayudas a Maestrazgo" por parte de la Junta, que "acabó siendo reclamado en los tribunales". Ante esto, la Consejería de Empleo propuso una resolución por la habría de declararse "la nulidad" de las resoluciones, después de que la propia interventora adjunta al interventor general de la Junta emitió emitiera dos oficios, con fecha de 28 noviembre de 2008 y 13 de julio de 2009, "en la que la Intervención General era responsabilidad de Griñán", dirigidos a la entidad beneficiaria de las ayudas informándole de que "en el sistema contable de la Junta no consta que la entidad Maestrazgo de Sevilla haya percibido subvención o ayuda de la Junta y sus agencias administrativas"; y que el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta comunicará al viceconsejero de Empleo que "considere la necesidad de una revisión de oficio de las resoluciones", pues, "en principio, parecen haber sido dictadas por órgano incompetente, sin procedimiento administrativo establecido, sin consignación presupuestaria, e incluso alterando la propia naturaleza de la subvención".
Así, de forma paralela al camino en los tribunales que han tenido estas subvenciones, la Junta elevó en 2012 consulta al Consejo Andaluz, pero, según Soto, "el Gobierno andaluz sabía que los 2,4 millones eran irregulares", como así lo apuntaban los informes de la Intervención General.
La portavoz del PP andaluz ha cuestionado "por qué la Junta no anuló las ayudas cuando tenía la información sobre las mismas" o "por qué no consulto al Consejo Andaluz en la fecha de los informes de la Intervención General, esto es, 20008 y 2009, y no ahora". A juicio de Soto, la Junta "ni denunció las ayudas ni elevó consulta con anterioridad, porque son los que inventaron el sistema fraudulento y son los responsables políticos para expoliar más de 1.000 millones de euros a través del 'fondo de reptiles".
Igualmente, ha criticado que la Junta eleva consulta "después de la denuncia por impago de la entidad beneficiaria, sino la subvención habría quedado guardada en el cajón de los desastres bajo llave".
DICTAMEN DEL CONSULTIVO
El Consejo Consultivo, que ha recordado que el TSJA ha dictado sentencia sobre la denegación presunta de la solicitud de abono de las ayudas, reconociendo la invalidez de las mismas, señala que es "evidente" que las subvenciones, por valor a 2,4 millones de euros, a Maestrazgo de Sevilla S.L. fueron concedidas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento". Asimismo, indica que "el único documento obrante en el expediente que pudiera tener relación con las ayudas es un 'plan de negocios' referido a una explotación agropecuaria, producción y comercialización de productos de cerdo ibérico de bellota, procedentes del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, documento que no se sabe cómo ni porqué figura en el expediente". Según dicho documento, las ayudas supondrían "la creación de empleo y riqueza añadida en una de las comarcas más deprimidas socioeconómicamente de la comunidad".
"Ni siquiera consta que la mercantil beneficiaria de la subvención la hubiera solicitado, lo que constituye la máxima subversión del régimen jurídico subvencional", señala el dictamen del Consultivo, que asegura que "no es extraño" que el TSJA que el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, "actuó con total desprecio al Derecho a los trámites exigidos legalmente, prescindiendo total y absolutamente de los mismos y otorgando lo que califica de subvención cuando no consta siquiera haberse solicitado la misma".
Por último, el Consejo Consultivo concluye que las resoluciones revisadas de aprobación de las ayudas incurren en el supuesto de nulidad, por lo que dictamina "favorablemente" la propuesta de declaración de nulidad de las mismas.
Rosario Soto ha lamentado que "el fraude en Andalucía está generalizado", así como "el abuso y el nulo procedimiento a la hora de otorgarlas". "Dar una subvención a quien ni siquiera lo solicita es como poco llamativo", ha afirmado Soto.
