Las quejas al Defensor del Pueblo procedentes de Andalucía crecen un 122%, hasta las 6.204

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las quejas del Defensor del Pueblo procedentes de Andalucía ascendieron el año pasado a 6.204, un 122,2 por ciento más que en 2009, cuando se gestionaron 2.792 expedientes, según el Informe Anual de 2010, presentado este miércoles por la responsable de la institución, María Luisa Cava de Llano, en el Congreso y en el Senado.

Las reclamaciones desde Andalucía supusieron el 18,32 por ciento del total de las recibidas por la institución, por lo que la región se convierte en la segunda comunidad autónoma desde la que se formulan más reclamaciones, sólo superada por Madrid.

En el conjunto del país el Defensor atendió 34.674 expedientes, entre los de origen nacional y extranjero, lo que supone un 56 por ciento más que en 2009, incremento que la defensora del pueblo ha atribuido a la crisis económica.

En el caso de Andalucía, ese notable incremento puede atribuirse a que, entre las quejas presentadas por colectivos, un total de 2.858 ciudadanos solicitaron la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto andaluz para la reordenación del sector público.

Por provincias, Sevilla lidera el número de reclamaciones presentadas, un total de 1.445 (el 23,3 por ciento del total de la región); seguida de Málaga, con 1.203 (19,4 por ciento); Granada, con 766 (12,3 por ciento); y Cádiz, 764 (12,3 por ciento). De Córdoba proceden 619 expedientes (casi 10 por ciento); de Huelva, 553 (8,9 por ciento); de Jaén, 456 (7,4 por ciento) y de Almería, 398 (6,42 por ciento).

ECONOMÍA, ENTORPECEDORA

En su habitual repaso por el cumplimiento que las Administraciones Públicas hacen de las peticiones que les formula el Defensor, este órgano indica que la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, no ha contestado, tras un tercer intento enviado a finales de 2010, a un requerimiento de la institución a raíz de una queja relacionada con unas ayudas para la formación de personal docente e investigador.

El informe señala que inició la investigación en marzo de 2010, por una queja de un ciudadano que había participado en una convocatoria de 2008, de incentivos para la formación de personal docente e investigador predoctoral en las universidades públicas de Andalucía.

La misma se resolvió en marzo de 2009 y el ciudadano se incorporó a su plaza el 1 de octubre siguiente pero en el momento de la elaboración del informe seguía sin disfrutar de la ayuda correspondiente, al no haberse realizado la adjudicación definitiva que hubiera producido los efectos económicos y administrativos consustanciales con dicha ayuda.