SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud y Bienestar Social ha señalado este lunes, tras celebrar la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar con los sindicatos como afectará en el ámbito sanitario el Plan Económico-Financiero de la Junta, que se ve "obligada por imperativo legal" a realizar estos ajustes.
De hecho, Salud ha señalado en una nota que este plan responde al compromiso del Gobierno andaluz de cumplir el objetivo de déficit marcado para 2012 por el Gobierno central, "una imposición de reducción con el que se está dando un trato injusto y se está perjudicando notablemente a Andalucía, exigiéndole un mayor esfuerzo para el control del déficit público que al propio Estado".
El departamento del ramo ha recordado que entre las medidas de mayor calado se encuentra el incremento de la jornada laboral en 37,5 horas, cuya aplicación de obligado cumplimiento "y por exigencia del Gobierno central", conllevaría "el despido de 10.000 personas que actualmente desarrollan su labor en los centros sanitarios".
Para "evitar" esa la pérdida de empleo y el "deterioro" del modelo social de Andalucía en cuanto a mantenimiento de prestaciones sanitarias, sociales y educativas, ha dicho que el Plan Económico y Financiero establece la reducción salarial de los trabajadores públicos.
"Esta medida, que supone un esfuerzo solidario colectivo muy importante por parte de todos los profesionales, es la opción planteada por el Gobierno andaluz para evitar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo y los efectos negativos en las economías familiares de estas personas", ha insistido Salud en su nota.
En la reunión, que se ha desarrollado "en un clima de cordialidad" entre los componentes de la mesa, según Salud, la Junta ha admitido que los sindicatos han expresado su rechazo a las reducciones de las retribuciones de los trabajadores públicos. Si bien, la titular de Salud y Bienestar Social ha invitado a los representantes sindicales, tal y como hizo esta mañana, "a plantear propuestas alternativas a las que recoge el Plan Económico, siempre que se respete la premisa fundamental de mantener los puestos de trabajo y se consiga el mismo ahorro que conlleva dicho Plan".
De esta forma, agregan, "se ha optado por hacer un esfuerzo solidario y que los ahorros que tienen que conseguirse para lograr el objetivo de déficit se repercuta en los salarios de los profesionales de forma progresiva. Una medida solidaria entre los trabajadores públicos que supone que se ajustarán más los salarios altos y la reducción será menor en aquellos que menos cobran".
Salud ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz por mantener el empleo público, "a diferencia de otras comunidades que están tomando medidas de recortes de servicios básicos para la ciudadanía y de privatizaciones". Ejemplo de esto, continúan en su nota, "son el cierre de plantas de hospitales en Baleares o Cataluña y la reducción de programas diagnósticos en Castilla-La Mancha".
Además del impacto económico y social que supondría el despido de 10.000 trabajadores, "que se pretende evitar a toda costa con este Plan Económico, se produciría también un importante impacto en la actividad sanitaria".
De hecho, se estima que prescindir de 10.000 personas en el sector sanitario equivaldría al cierre de un hospital como el Hospital Virgen del Rocío o el Hospital Regional de Málaga o de la mitad de los centros de atención primaria de Andalucía, así como la suspensión de más de 60.000 operaciones quirúrgicas o más de un millón de consultas de especialistas. "Esta situación llevaría a la senda de privatizaciones, tal y como ya viene ocurriendo en otras comunidades autónomas y que es la situación que el Gobierno andaluz pretende evitar con este Plan Económico", concluyen.
