Economía.- Las primeras casas de apuestas por Internet con licencia podrían funcionar en España a finales de 2011

Actualizado: viernes, 22 octubre 2010 14:54


MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras casas de apuestas por Internet con licencia podrían empezar a funcionar en España a finales de 2011 o principios de 2012, después de que la Ley del Juego, cuyo anteproyecto fue presentado por el Gobierno en septiembre, se apruebe antes del verano de 2011, según las previsiones que maneja Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Así, durante el Congreso Europeo de iGaming (EiG), el director de coordinación de LAE, Juan Carlos Alfonso, ha realizado estas previsiones y ha anunciado que la primera reunión formal del Ministerio de Economía y Hacienda con los representantes de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de juego, se produjo el 14 de octubre, según un artículo de 'GamblingCompliance' recogido por Europa Press.

Además, el representante de LAE ha asegurado que para el próximo 27 de octubre hay prevista otra reunión con los responsables autonómicos y ha indicado que se baraja otorgar licencias para apuestas deportivas, por un lado, y licencias conjuntas de poker y juegos de casino 'online', por otro lado.

En cuanto al nuevo impuesto que va a gravar las apuestas una vez que se apruebe la Ley del Juego, Alfonso ha señalado que continúan las negociaciones tanto con las comunidades autónomas, como con las casas de apuestas 'online' y el resto de empresas que se dedican al juego fuera de Internet, como los bingos o los casinos, para decidir la cantidad con la que se va a gravar la actividad de estas compañías.

En este sentido, durante su intervención en el congreso, ha descartado un impuesto del 10% sobre los ingresos brutos propuesto por algunas comunidades autónomas, al considerarlo "demasiado baja".

Alfonso ha reconocido que el nuevo impuesto es la parte "más polémica" de la ley, y ha advertido de que "el factor más importante" a la hora de tomar una decisión será el criterio de las autonomías y "no la opinión de los operadores", aunque también se les consultará.