VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESOS) -
El pleno de las Cortes Valencianas aprobó hoy, con los votos a favor de PP y PSPV y en contra de Compromís y grupo de No Adscritos, el decreto ley del Consell de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público valenciano, que recoge un conjunto de disposiciones dirigidas a reducir la masa salarial de estos empleados en un cinco por ciento en términos anuales.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, subrayó que el Consell se ha visto "obligado" a dictar el decreto ley por "la incompetencia e irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la reducción de los salarios de los funcionarios "nunca" estuvo entre las previsiones del Ejecutivo valenciano.
Indicó que el Gobierno central "ha tenido que llegar al límite para actuar con injusticia y por imposición" debido a su "pésima gestión de la crisis", que le ha llevado a "centrifugar" su coste a las comunidades autónomas y municipios a pesar de que las tres cuartas partes del déficit público corresponde a la Administración central.
El diputado del PP César Augusto Asencio señaló que el "cambio de rumbo" del Gobierno en relación a la crisis "se está haciendo mal, sin consenso" y "sin convocar elecciones generales en una situación tan grave" como la de España, "con una de las economías más enfermas de Europa".
Al respecto, afirmó que Zapatero "no está legitimado para seguir gobernando haciendo lo contrario para lo que fue votado", con "medidas contradictorias" y planteando "la peor reforma laboral en el peor momento y, además, obligados". Señaló que el real decreto ley del Gobierno "obliga a que traslademos milimétricamente" los recortes salariales en la Comunidad, "y lo hacemos a disgusto, sin ninguna satisfacción", aseveró.
También defendió que la reducción de salarios de los altos cargos valencianos incluida en el decreto "demuestra la grandeza de nuestro Gobierno, que está muy por encima de la miseria y el descrédito con la que algunos pretenden enturbiar la transparencia y la honradez y el desinterés con el que se gobierna en la Comunidad". Apuntó que el coste de los altos cargos de la Generalitat representa un 0,15 por ciento del presupuesto de 2010, frente al 0,25 por ciento de Cataluña, el 0,55 por ciento de Cantabria, el 0,41 de Asturias o el 0,20 por ciento de Madrid.
La diputada socialista María Dolores Huesca justificó el apoyo de su grupo al decreto "por lealtad institucional y responsabilidad" y remarcó que el Gobierno socialista "no se siente orgulloso" de las medidas de ajuste y "es a quien más dolor le producen", a la vez que tachó a los 'populares' de "desleales por no aprobar el real decreto ley como sí han hecho el resto de sus compañeros europeos" y les acusó de utilizar la crisis como un "arma para apuntalarse" y "desgastar" al Ejecutivo estatal "porque solo les interesan las elecciones".
"POLÍTICA DE DESPILFARRO"
Preguntó a los 'populares' valencianos si destinarán el ahorro del recorte "a la política de despilfarro a la que nos tienen acostumbrados" y afirmó que mientras los socialistas "invertimos en políticas sociales, educación y sanidad ustedes han derrochado en grandes eventos destinados al ocio, que han sido un fiasco, nos han llevado a la ruina y nos han endeudado hasta límites insoportables".
Afirmó que si ahora se reducen los salarios "es por su culpa porque su déficit y su deuda se imputa al Estado", y añadió que mientras el Ejecutivo de José María Aznar "congelaba los sueldos a los funcionarios en plena bonanza económica el Gobierno del PP se subía un 30 por ciento los sueldos".
El portavoz de Compromís, Enric Morera, señaló que no es cierto que el Gobierno valenciano traslade las medidas estatales "a disgusto porque han aprovechado los recortes sociales para ser más duros con los empleados públicos" al introducir una disposición adicional "trampa" que suspende los acuerdos y pactos alcanzados.
Rechazó que la "irresponsabilidad y la incompetencia de los gobiernos la paguen los bolsillos" de los empleados públicos valencianos, que son de los que menos cobran de España, aseveró. "Les ha venido muy bien la situación de debilidad y desorientación del Gobierno estatal, se les nota que están contentos y alegres y aprovechan para recortar, atornillar e ir más lejos de lo que plantea el Gobierno central", espetó a los 'populares'.
César Augusto señaló que la suspensión de los acuerdos está en el real decreto ley y "forma parte de la obligada aplicación" para "evitar un fraude político y financiero" porque, dijo, no se pueden bajar y subir al mismo tiempo las retribuciones, lo que sería "condenable desde el punto de vista jurídico". Morera adujo que no hay ninguna disposición en el real decreto que prohíba la aplicación de la carrera profesional acordada con los sindicatos.
El diputado del Grupo de No Adscritos Lluís Torró calificó de "grave injusticia que la crisis la pague quien no la ha provocado" y emplazó a los 'populares' a "dar la cara y decir que harían lo mismo si estuvieran gobernando".
