"El rechazo en frontera no puede cumplir nunca el derecho internacional"

Publicado 27/03/2015 15:22:43CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, afirma que la devolución sobre la marcha a Marruecos de inmigrantes interceptados en las vallas de Ceuta y Melilla, que se ha dado en llamar "rechazo en frontera" en la reforma de la Ley de Extranjería, "no puede cumplir nunca ni el derecho internacional ni la Constitución Española". "No hay manera", asegura.

En declaraciones a Europa Press, Solans se refería a la modificación de la Ley de Extranjería aprobada este jueves vía Ley de Seguridad Ciudadana para amparar la práctica conocida como 'devoluciones en caliente' que se harán, según la nueva redacción de la norma, respetando en todo caso los tratados internacionales de los que España es parte.

"No se puede devolver a una persona sin identificarla, sin abrir un expediente, sin individualizar su caso y sin reconocerle el derecho a pedir asilo, que es un derecho que no se cumple ni se cubre con las oficinas que han abierto en las fronteras. Son seres humanos y lo que se está pretendiendo es tratarles como animales", ha denunciado.

Solans afirma que esta práctica "no puede ser constitucional y desde luego no está de acuerdo con el derecho internacional" por más que la enmienda que se ha introducido a la Ley de Extranjería diga que debe serlo. "No se puede decir en el párrafo uno que vas a hacer algo que no cumple el derecho internacional y en el párrafo dos decir que tiene que cumplirlo. No hay manera de que un rechazo en frontera que cumpla nunca el derecho internacional ni la Constitución", asegura el experto.

Sobre la constitucionalidad de este precepto, el extranjerista incide en que el rechazo en frontera no tiene encaje, porque conculca entre otros, el derecho a la igualdad, al imponer reglas distintas para unas personas en un territorio concreto; el derecho de audiencia, el derecho de defensa o el citado derecho de asilo.

"Hay un montón de derechos que un ser humano que está físicamente en territorio nacional tiene y no se puede actuar por parte del poder público sobre ese ser humano sin respetar esos derechos. Una actuación por parte de un funcionario público que no respete ese cúmulo de derechos que son de primer orden constitucional y fundamentales, se ponga como se ponga, con rango de Ley Orgánica o como sea, no cumple los requisitos mínimos", afirma Solans.

Para la Abogacía, el único modo de hacer compatible esta previsión normativa con el derecho internacional y constitucional es "olvidar el punto uno --el que dice que los extranjeros podrán ser rechazados en el salto de las vallas-- y aplicar sólo el punto dos --que impone la obligación de que el rechazo se haga acorde a los tratados internacionales--". Es decir, volver al expediente de devolución, la figura que existe en la Ley de Extranjería para estos casos y que con las expulsiones sumarias se estaba vulnerando.

UN PROTOCOLO

Partiendo de esta base, los extranjeristas han elaborado una propuesta de protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en las vallas fronterizas en el que detallan cómo se debe actuar ante el salto de migrantes y qué medidas adoptar en cada caso. Aunque la Abogacía ya ha remitido al Gobierno varios borradores en este sentido, le enviarán el documento final cuando la Ley de Seguridad Ciudadana sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Para su elaboración, los expertos han venido trabajando con guardias civiles y policías nacionales para recoger su parecer sobre cuál debería ser la actuación correcta tanto en casos de saltos puntuales como ante llegadas numerosas en las vallas y en las costas. "Nos hemos puesto en el papel de los guardias civiles y hemos visto que les dejan en un papelón muy serio, porque no hay manera de que sepan lo que tienen que hacer y esta ley es una ceremonia de la confusión", apunta Solans.

El letrado explica que se ha tenido "en consideración la normativa internacional y nacional" y al final, los expertos han llegado a la conclusión "de que es una cuestión de medios y de dinero" porque "puede suponer un coste, aunque en realidad no sea mucho".

"No se quiere actuar en Melilla y Ceuta de otra manera por una cuestión de medios económicos. No hay voluntad de realizar un expediente como toca, ni habilitar centros de estancia temporal suficientes, de hacer las cosas bien, cuando es absolutamente viable", comenta.