La Comisión Europea se ha comprometido con las autoridades españolas a realizar una recopilación de buenas prácticas en lo concerniente a las personas con discapacidad o movilidad reducida en todos los modos de transporte y, a finales de 2017, presentar una recomendación basada en las mejores prácticas para que los Estados miembros y los operadores de transporte puedan compartirlas con el objetivo de evitar discriminación a este colectivo.
