MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera que el tope de 8.000 euros de renta anual que se impone a personas mayores y a discapacitados como requisito para que los familiares que les cuidan puedan desgravar en el IRPF "se aparta de los mandatos constitucionales", que prevén "un sistema tributario justo".
Cualquier contribuyente puede incluir en su declaración de la renta a los mayores de 65 años o discapacitados que convivan con él siempre y cuando éstos no obtengan rentas superiores a 8.000 euros anuales, un tope que fue establecido en el año 2003 y que de haberse actualizado al ritmo del IPC desde entonces, ascendería este año a 9.872 euros.
A juicio de Cava de Llano, el tope fijado en la actualidad "se aparta de los mandatos constitucionales recogidos en el artículo 10, relativo a la dignidad de la persona, en el artículo 31, que prevé un sistema tributario justo, y en el artículo 50, que garantiza la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas".
"La no actualización de dicho límite está perjudicando seriamente a numerosas familias, que pierden la posibilidad de desgravar en su declaración simplemente por el hecho de que la pensión de los mayores o discapacitados haya sido actualizada, pero sin que las circunstancias de necesidad hayan variado", explica la Alta Institución.
Por eso, la Defensora del Pueblo ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda que actualice esta cantidad con "una evolución similar a la revalorización que se aplica anualmente a las pensiones" ya que con el baremo actual, son muchos los ciudadanos que no pueden acogerse a una deducción en la declaración de la renta aunque "mantienen de facto a sus mayores".