EUROPA PRESS
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La expulsión del menor marroquí que estaba prevista para este miércoles desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha sido paralizada por la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía, después de que el abogado del chico aportase nueva documentación a la causa para acreditar que tiene 16 años, como viene alegando, y no más de 18 como dice un decreto del fiscal de Las Palmas de Gran Canaria.
Según han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que también ha recibido copia de esa documentación, ha paralizado el procedimiento de expulsión, que estaba previsto ejecutarse a primera hora de la mañana de este miércoles 8 de febrero, en espera de que la Fiscalía de Las Palmas revise los documentos aportados.
El abogado, Santiago Yerga, explica en declaraciones a Europa Press que a las siete de la tarde de este martes aún no había recibido notificación oficial de que la expulsión efectivamente se hubiera paralizado, aunque confía en que sea así a la luz de las nuevas gestiones.
En concreto, según ha señalado, ha hecho entrega a la Fiscalía de Las Palmas, donde se determinó que el chico era un adulto, de un documento expedido en Marruecos que "es similar a un certificado de empadronamiento" y donde se recoge "su fecha de nacimiento, el lugar, la filiación y una fotografía" del menor.
No obstante, el letrado ya presentó en su momento a la Fiscalía de Las Palmas el libro de familia y la partida de nacimiento del joven y aunque en ambos documentos constaba que tenía 16 años y 3 meses a su llegada a España, el fiscal sostuvo el decreto basado en pruebas médicas de determinación de la edad declarándole adulto y por tanto, expulsable.
Aquel decreto generó que el joven fuese trasladado al CIE de Madrid para su expulsión, que se iba a producir este miércoles sin que la intervención del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que había pedido por carta a España que paralizase el proceso; ni del Defensor del Pueblo, que había recomendado no ejecutar la expulsión hasta que se pronunciase el Comité de Derechos de Naciones Unidas que conoció del caso por el Servicio Jesuíta a Migrantes, hubiesen dado fruto.
