Archivo - Un niño se moja en los chorros de Madrid Río. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Save The Children ha celebrado que el nuevo real decreto para la regularización extraodinaria de migrantes, aprobado este martes en Consejo de Ministros, "mejorará la vida de miles de niños y niñas" y ha recordado que casi 150.000 menores de 19 años vivían en situación irregular en España en 2020. En este sentido, ha lamentado que no todos los menores de edad podrán acogerse a este proceso sino que dependerán de que sus padres puedan acogerse a ella.
"Que niños y niñas que ya forman parte de nuestra sociedad pasen a una situación regular en el país es una responsabilidad para cualquier estado de derecho como es el nuestro. No sólo implica mejorar sus condiciones de vida al permitir a los progenitores acceder a ayudas o lograr más estabilidad laboral, si no también garantiza el pleno disfrute de su derecho a educación, sanidad y protección social", ha afirmado la directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children, Catalina Perazzo.
Según el informe 'Crecer sin papeles en España', elaborado por Save the Children en 2021, en España vivían en ese momento casi 150.000 menores de 19 años en situación irregular, casi la mitad de ellos, menores de 10 años.
La organización cree que la regularización mejorará el acceso sin obstáculos a la educación, salud y mejorará el bienestar de miles de niños y niñas, aunque lamenta que "el reglamento no permite que niños y niñas puedan acogerse de manera directa".
Save the Children señala que ha mantenido un diálogo abierto con la administración durante el proceso de creación del Real Decreto por el que se modifica la Ley de Extranjería, con el objetivo de que este proceso de regularización pueda beneficiar al máximo número de niños y niñas.
En este sentido, la organización ha incidido en la necesidad de que los niños y niñas puedan acogerse directamente a la regularización, y no excluirles en el caso de que sus progenitores no puedan acogerse a ella.
Si bien, lamenta que esta medida finalmente no ha sido recogida en el texto final por lo que los menores de edad dependerán de que sus padres puedan optar a la legalización de su estatus.
En todo caso, destaca que "tal y como Save the Children solicitó en un recurso ante el Tribunal Supremo, se elimina del reglamento el silencio administrativo negativo para los menores tutelados" lo que significa que la falta de respuesta por parte de la administración en el periodo de un mes ya no se interpretará automáticamente como que la solicitud esté rechazada.
"Los niños y niñas no deciden cuál es su situación administrativa, pero la irregularidad sí condiciona su infancia y sus oportunidades de futuro. Por eso consideramos que el reglamento les debería ofrecer opciones directas para garantizar su estabilidad jurídica", ha añadido Perazzo.
La ONG pone de relieve que, para todos aquellos niños y niñas que finalmente puedan acogerse a esta medida, su nuevo estatus jurídico conllevará una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Por ejemplo, indica que "tendrán más facilidades para continuar con sus estudios y acceder también a becas o a formación no obligatoria".