MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, admitió hoy que, aunque respeta la decisión del magistrado, es de la opinión del fiscal que solicitó prisión preventiva para Sergi Xavier M. M, el agresor de una menor ecuatoriana en el metro de Barcelona. Acusado de un delito de agresiones con agravante de motivos racistas, finalmente el juez dejó en libertad con cargos y sin fianza.
"Yo opino como el fiscal y no como el juez, pero yo soy el ministro de Justicia y debo respetar en todo caso la decisión del magistrado", dijo en declaraciones a Telecinco que recoge Europa Press. Asimismo, recalcó que, en todo caso, se han establecido una serie de medidas cautelares, como la obligación de comparecencia dos veces al día; la prohibición de viajar en la línea de ferrocarril en la que ocurrieron los hechos; y la imposición de una orden de alejamiento de 1.500 metros con la persona agredida.
"Todo esto significa que se han adoptado medidas --insistió--. Hay una diferencia de criterio evidente. La fiscalía entiende, porque debe valorar los hechos de otra manera, que hubiera sido necesaria esta detención. El juez ha entendido que no y hay un debate procesal".
Al titular de Justicia le interesa que el juicio se celebre con "la mayor celeridad posible". "No sabemos qué nos ha impactado más: la actitud chulesca e intolerable del agresor, la de la víctima acobardada o la del espectador a lo Poncio Pilatos, supongo que con miedo. El conjunto describe una situación intolerable desde el punto de vista de la convivencia", dijo.
En todo caso, no es partidario de una reforma legal ya que entiende que la ley da pie a que imponer una pena de hasta dos años de prisión que, en su opinión, es "una respuesta penal importante". "Creo que no hay que modificar nada. Ahí está la ley para interpretarla. Dejemos que el juicio, con todas las garantías, valore la dimensión de la conducta y que un tribunal imparcial dicte una sentencia justa", subrayó.
Por otro lado, en relación a la puesta en libertad del asesino de Sandra Palo, Bermejo apuntó que la Ley Penal del Menor está recién modificada, precisamente con motivo de hechos de esta naturaleza. "Se ha endurecido con posibilidad de llegar a la privación de libertad (internamiento en centros cerrados) de hasta 10 años y medidas ulteriores de control de hasta 5 años", explicó.
