WASHINGTON, 2 Abr. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que las autoridades no atentan contra el derecho a la intimidad de las personas que ingresan en prisión cuando las obligan a desnudarse para someterlas a un registro, aunque hayan sido detenidas por delitos menores relacionados, por ejemplo, con el tráfico ilegal.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo ha determinado que en esos casos la seguridad está por encima del derecho a la intimidad, ya que la persona registrada podría llevar ocultas drogas, armas u otros artículos de contrabando.
En representación de la mayoría conservadora del tribunal, el juez Anthony Kennedy ha concluido que los procedimientos de registro en las cárceles se basan en un equilibrio razonable entre el derecho a la intimidad de los reclusos y las necesidades del centro.
Cada año, casi catorce millones de estadounidenses pasan una temporada en la cárcel o en un calabozo, 700.000 de ellos por delitos menores.
Los jueces del Supremo han confirmado una resolución de un tribunal de apelación de Filadelfia que dice que es razonable registrar a cualquier persona que ingrese en prisión, incluso aunque no se sospeche que ha delinquido. Esta decisión supone una victoria para los servicios penitenciarios y para el Gobierno estadounidense.
CASO DE ALBERT FLORENCE
Los abogados de Albert Florence, que fue obligado a desnudarse en dos ocasiones para sendos registros en calabozos del estado de Nueva Jersey en un periodo de seis días después de que lo arrestaran por no pagar una multa de tráfico, habían argumentado que los guardias deberían tener una sospecha razonable de que la persona ha hecho algo mal antes de registrarla.
Florence presentó una denuncia por los hechos ocurridos en 2005 en dos centros de detención de los condados de Burlington y Essex por considerar que se violó su derecho a la intimidad, que debería protegerlo frente a registros poco razonables. La primera vez, Florence tuvo que extender los brazos, darse la vuelta y levantar sus genitales; la segunda, le ordenaron que se agachase y tosiese mientras los guardias buscaban objetos que pudiese tener ocultos en su cuerpo.
Los abogados que representan a los centros de detención defendieron los registros haciendo referencia a los problemas que han tenido con el contrabando de drogas y otros artículos.
El juez Kennedy ha rechazado la propuesta de los abogados de Florence de que las personas que hayan sido detenidas por delitos menores no relacionados con armas o drogas estén exentos de esos registros invasivos a menos que den motivos para sospechar que ocultan algún objeto.
"A los funcionarios de prisiones les interesa mucho realizar registros minuciosos como procedimiento habitual del proceso de entrada" en un centro, ha dicho el magistrado en la resolución, en la que señala que en las prisiones y los calabozos pueden producirse incidentes violentos entre miembros de bandas.
Los cuatro jueces liberales, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, han disentido de la opinión de Kennedy. "No puedo hallar ninguna justificación para el procedimiento de desnudar y registrar, que puede violar la intimidad personal de personas arrestadas por delitos menores", ha opinado Breyer en un escrito respaldado por sus compañeros liberales.
Breyer ha destacado la "grave afrenta a la dignidad humana" que suponen esos registros. El Gobierno federal tiene la política de que cualquier persona que entra en una cárcel o en un calabozo debe desnudarse para que la registren.
