LA HAYA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Liberia Charles Taylor culpó a Estados Unidos y Reino Unido, entre otros actores, de los crímenes presuntamente cometidos en Sierra Leona y que se le imputan en el Tribunal Especial para Sierra Leona , que comenzó ayer a escuchar sus alegatos de defensa.
Taylor es el primer ex mandatario africano procesado por una instancia internacional. Sobre él pesan 11 acusaciones, entre ellas asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual y uso de niños soldados. Los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por los rebeldes durante la guerra civil en Sierra Leona, entre 1991 y 2002.
Jeremy Wiser, asistente especial del fiscal, consideró poco convincentes los argumentos del abogado defensor, que en su opinión, trató de culpar a otros por los crímenes que se le imputan a Taylor. "Culpó a la política exterior de Estados Unidos y de Reino Unido, en un momento culpó a lo que llamó la elite liberiano-estadounidense, a otros grupos rebeldes, y creo que incluso llegó a decir que los liberianos habían sido responsables de su propio sufrimiento", explicó.
El tribunal ha escuchado el testimonio de más de más de 90 testigos de la Fiscalía. Después de la declaración inicial, el ex mandatario jurará mañana como primer testigo de la defensa. Taylor, de 61 años, se ha declarado no culpable de los once cargos de homicidio, violación, reclutamiento de niños soldado y esclavitud sexual durante la guerra civil de Sierra Leona, que causó más de 250.000 muertos y en la que los rebeldes contaron con el apoyo del entonces presidente liberiano.
Los abogados de la defensa creen que Taylor podría ser absuelto porque no hay evidencias de que planificara o instigara las atrocidades cometidas por el Frente Unido Revolucionario (RUF). Los jueces rechazaron estos argumentos el mes pasado y los fiscales aseguraron que Taylor dirigió al RUF en su campaña contra la población civil. El turno de la acusación concluyó el pasado mes de febrero.
Taylor está siendo procesado en La Haya desde junio de 2007, en las instalaciones prestadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La acusación asegura que el presidente se hizo con el control de las minas de diamantes de Sierra Leona y desestabilizó al Gobierno de Freetown para aumentar su influencia en la región.