COLOMBO, 14 Jul. (Reuters/EP) -
La investigación de Sri Lanka de abusos a los Derechos Humanos, incluida la muerte de 17 trabajadores humanitarios en 2006, se ha visto dificultada por la falta de protección a los testigos y su abrupta disolución, según declaró hoy el director de la comisión, Nissanka Udalagama.
El mandato de la comisión no se extendió cuando terminó el pasado mes de junio, en el último hecho de la larga historia de este país en investigaciones de abusos a los Derechos Humanos que son incompletas o no concluyentes. "No hemos podido completarla porque no teníamos la instalación de vídeo conferencia y el proyecto de ley de protección de testigos (...), aún está en el Parlamento", indicó Udalagama, ex juez del Tribunal Supremo del país.
Además, una serie de testigos ha huido del país debido a que temen por sus vidas, y la vídeo conferencia es necesaria para contactar con los testigos que viven en el extranjero, añadió. Udalagama, director de la comisión formada por ocho miembros, aseguró que podrían haber llamado a otros testigos pero que el presidente quería un informe que se basara en lo que ya habían hecho.
El 4 de agosto de 2006, 17 miembros de la organización Acción Contra el Hambre, la mayoría tamiles, fueron matados a tiros dentro del complejo que esta organización tiene en la ciudad de Muttur, en el noreste del país, cerca del lugar donde se enfrentaban las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE).
El Gobierno y el LTTE se culpan mutuamente de lo que entonces fue el ataque más mortífero cometido contra trabajadores humanitarios desde el ataque con bomba de los cuarteles generales de la ONU en Bagdad en 2003.
El informe de la comisión de investigación nombrada por el presidente ceilandés, Mahinda Rajapaksa, para investigar los graves abusos de Derechos Humanos no concluye quién mató a los trabajadores humanitarios.
Los observadores extranjeros predijeron hace dos años que la comisión no encontraría nada sustancial y se retiraron el año pasado, alegando que no cumplía con las normas internacionales y que había sido intervenido de manera política, una acusación que el Gobierno niega.
El informe exonera al Ejército y a la Marina, pero asegura que la Policía auxiliar, conocidos como 'guardias internos', era la autora de las muertes. "Hay otras pruebas como la presencia de 'guardias internos' musulmanes, tenían acceso a las armas. Y podría haber sido el LTTE", añadió Udalagama.
El actual departamento de Defensa Civil es el antiguo servicio de 'guardias internos', una fuerza paramilitar encargada de apoyar a la Policía ceilandesa. Varios organismos de Derechos Humanos han informado de cientos de secuestros, desapariciones y muertes de los que culpan tanto al Gobierno como al LTTE a lo largo de la guerra civil que ha sufrido este país durante más de 25 años.