LA RÁBIDA (HUELVA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Fernández Entralgo, censuró hoy que el sistema "no dé soluciones al tráfico ilegal de personas", que supone un "efecto atractivo para mucha gente que entra ilegalmente en España y no tiene otro modo de ganarse la vida".
En rueda de prensa posterior a su ponencia en uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Iberoamericana de La Rábida (Huelva), Entralgo abogó por "comprometerse con la defensa de los derechos humanos para solucionar el problema y "reformar las infraestructuras socioeconómicas y políticas necesarias" en los países de origen "para evitar esta sangría migratoria".
De igual modo, consideró que, "cuando se llega al país y en el mercado de trabajo no se encuentra un empleo, hay que acudir a lo primero que hay" que es, en este caso, la prostitución, calificada por el juez como "una forma de vida muy degradada y de muy fácil acceso".
En ese sentido, insistió en que "las personas que llegan, tras intentar desesperadamente salir a flote en una sociedad que además es radicalmente distinta a la de origen" aceptan "lo que sea con tal de sobrevivir", a pesar de que "la clandestinidad y la indocumentación de este oficio incluyan explotación en las condiciones de trabajo".
Expuso que España recibe "un flujo de personas de la órbita comunista" surgida tras la crisis del capitalismo de Estado y la consiguiente crisis económica", así como de Hispanoamérica, "que vienen huyendo de la pobreza estructural" y que en ambos casos "se dedican a la prostitución". "A pesar de que no es ninguna novedad --continuó-- y de que algunas de ellas no vienen engañadas".
Por último, aseguró que los jueces deben tener "sensibilidad social ante estos temas" porque están "obligados por la Constitución", explicando que la Carta Magna es "como el aire que respiramos, que no se nota pero, si un día nos falta, nos morimos".
ELIMINAR DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS.
Por su parte, el director del curso 'Derechos humanos y justicia penal internacional', Manuel Ollé, afirmó que los citados derechos necesitan "una profunda revisión actual" para eliminar "la distinción entre derechos políticos y civiles por un lado, y económicos y sociales, por otro".
A este respecto, aclaró que "uno de los mecanismos más efectivos de personación contra crímenes internacionales como los genocidios o los de lesa humanidad" es la justicia universal y que "un buen ejemplo de la misma" son los conocidos como 'Juicios de Madrid'.
Asimismo, detalló que otra de las vías es el Tribunal Penal Internacional de La Haya, instando al punto a ratificarlo "a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho, ya que por el momento son 105 los que lo han suscrito y es muy necesario que tengamos un tribunal permanente operativo y eficaz", observó.
Para terminar, Ollé abogó por "fomentar que las instituciones del Consejo de Europa sean un lugar de promoción y defensa de los derechos fundamentales" puesto que, "por el momento, no lo son".
