AI pide al Gobierno de Arabia Saudí que permita la celebración de manifestaciones pacíficas

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno de Arabia Saudí que permita la celebración de protestas pacíficas, precisamente en un país en el que está prohibida cualquier tipo de manifestación.

El sábado, el Ministerio del Interior advirtió de que tomará "todas las medidas necesarias contra quienes intenten perturbar el orden público". De esta forma desafía a los organizadores de la marcha convocada para este viernes a través de Internet.

En cambio, el director de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Philip Luther, ha afirmado que las autoridades "tienen el deber de garantizar la libertad de reunión y, según el derecho internacional, están obligadas a autorizar las protestas pacíficas". Luther no dudó en calificar de "indignante" esta restricción "del derecho a la legítima protesta".

Entre los días 3 y 4 de marzo la Policía de Al Katif detuvo a 24 personas por manifestarse en contra de la reclusión de presos chiíes. Según AI, los agentes agredieron a varios de los participantes. Una semana antes había sido detenido el clérigo chií Tawfik Jaber Ibrahim al Amr después de pedir reformas durante un sermón. Quedó en libertad sin cargos el 6 de marzo.

"Las autoridades saudíes deben investigar los informes sobre palizas a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo deben garantizar la liberación de los detenidos si no se les acusa de delitos reconocibles y se les juzga con las debidas garantías", prosigue Luther en un comunicado.

Al parecer la mayoría de los detenidos se encuentra en una comisaría de Al Dhahran, ciudad del este del país. Entre este grupo figuran los activistas chiíes Husain al Yusef y Husein al Alk, quienes escriben sobre detenciones y discriminación contra la comunidad chií en la página www.rasid.com.

Los nueve chiíes arrestados están acusados de participar en un atentado que en 1996 causó 20 muertos y cientos de heridos en la base estadounidense de Al Jobar. Los informes de los que dispone AI señalan que fueron torturados y privados de sus derechos durante la detención. Quienes desafían la prohibición de manifestaciones se exponen a la reclusión sin cargos en régimen de incomunicación.

En general, los manifestantes piden iniciar la transición hacia una monarquía parlamentaria. Actualmente, la familia del rey Abdulá ejerce un control férreo sobre la sociedad. Estados Unidos, aliado incondicional del reino, ha reconocido el derecho de los saudíes a manifestarse pacíficamente.