Defensor del Pueblo europeo insta a publicar los documentos sobre la construcción del puerto de Granadilla (Tenerife)

BRUSELAS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensor del pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, instó hoy a la Comisión Europea a hacer pública la documentación interna de que dispone sobre la construcción del puerto de Granadilla (Tenerife) y a pedir a España que haga lo propio con los documentos sobre el proyecto, salvo que las autoridades españolas aporten una "justificación" que cumpla los criterios del Tribunal de Justicia.

Tras estudiar el caso, Diamandouros no encontró evidencias de que revelar esta información pudiese perjudicar el proceso y consideró que autorizar el acceso a los documentos "ayudaría a mejorar las deliberaciones internas de la Comisión".

Diamandouros ha respondido así a una reclamación de la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA), formada por organizaciones de ciudadanos, después de que Bruselas le denegara el acceso a estos documentos.

Según explicó en un comunicado el defensor del pueblo europeo, el Ejecutivo comunitario argumentó que la revelación de documentos internos "perjudicaría seriamente el proceso de toma de decisiones" sobre este caso. Además, la Comisión aseguró que las autoridades españolas se oponían a la revelación de documentos producidos en España.

Sin embargo, tras inspeccionar los documentos, Diamandouros concluyó que sólo en un caso "no debería publicarse" un documento y que "debería facilitarse el acceso" al resto de información interna.

También instó a la Comisión "establecer un diálogo" con las autoridades españolas, con el fin de publicar los documentos, salvo si España garantiza que hay razones que "justifiquen su oposición a la revelación de documentos". "En caso de no existir tales motivos, la Comisión debería revelar los documentos", según el defensor del pueblo europeo.

En 2006, Bruselas aprobó el proyecto de las autoridades españolas de construir un puerto industrial en Granadilla. Los tribunales españoles acordaron la suspensión cautelar de las obras de construcción del puerto por el posible impacto medioambiental de las obras sobre determinadas especies de algas marinas.

En julio de 2006, la OEMA solicitó a la Comisión acceso a varios documentos relacionados con la decisión de la Comisión de aprobar el proyecto del puerto. Según explica la oficina del defensor del pueblo europeo en un comunicado, la Comisión denegó el acceso a parte de los documentos porque las autoridades españolas, de donde son originarios los documentos, no se mostraban conformes con su publicación.

También fue denegado el acceso a varios documentos internos de la Comisión, alegando el serio perjuicio que dicha revelación podría ocasionar al proceso de toma de decisiones por parte de dicha institución.