OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputadas del PP en la Junta General del Principado, Inmaculada González y Elma Alonso, denunciaron hoy que la previsión de aportación estatal para la financiación de la Ley de Dependencia en Asturias durante el año 2009 sólo llega al 50% de lo comprometido. Concretamente, advirtieron que faltan 87 millones de euros que la Administración central no pondrá, y lo tendrá que hacer el Gobierno autonómico.
Ambas parlamentarias dieron una rueda de prensa para criticar la "falta" de financiación estatal para la aplicación de esta ley, lo que, a su modo de ver, está provocando que las comunidades autónomas destinen a esté fin ingresos que deberían destinarse a otros aspectos de la política social.
Las populares recordaron que el compromiso del Estado es que la financiación se ejecute al 50% con el ejecutivo autonómico. Sin embargo, explicaron que para 2009 la previsión estatal es de 39 millones de euros, más otros 44 en concepto adicional, sumando un total de 83 millones, frente a los 170 que destinará el Ejecutivo asturiano. Según sus cálculos, faltan por tanto 87 millones de euros.
Además, recordaron las "carencias" presupuestarias de 2008, ejercicio para el que la financiación estatal, según sus datos, fue de algo más de 20 millones, mientras que la aportación autonómica alcanzó los 80, si bien "no conocemos el gasto total porque hay mucha confusión", matizó González.
"No puede ser que vendan que no hay recortes presupuestarios en política social", matizó. Estas "carencias" financieras provocan, desde su punto de vista, "retrasos en la concesión de ayudas, que sólo hay 3.000 plazas en toda Asturias porque no hay centros, que se produzcan fallecimientos en lista de espera y", lo que consideró más grave, "que lo excepcional se convierta en habitual". Se refería a la contratación de asistentes familiares, en lugar de internamientos en centros para personas dependientes o contratación de asistentes profesionales. "No hay ninguna persona especializada en Asturias", denunció.
Desde su punto de vista, "no puede ser que la Ley de Dependencia se lleve todo el presupuesto de Bienestar social", lamentó, para añadir que la financiación de lo que no aporta el Estado impide que haya dinero para pagar programas como "el plan de infancia".
Por su parte, Elma Alonso, recordó que el gasto mensual de atención de un discapacitado es de 1.800 euros, y la plaza en una residencia cuesta 1.200, cuando la aportación del Estado "sólo alcanza los 200 euros". "Ese desfase de dinero lo están asumiendo las comunidades autónomas", añadió.
Para Inmaculada González es necesario "presionar en la financiación de forma inmediata", motivo por el que el PP ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, a fin de que informe de las gestiones que desde el Principado se están realizando en este sentido.
