Griñán afirma que la protección de derechos es una "exigencia frente a las nuevas formas de exclusión social que pueden generar las TIC"
SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, instó hoy a las Administraciones públicas del Estado a "adaptar sus estructuras, modos de actuación y recursos a las exigencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a la vez que consideró que las distintas instituciones defensoriales del país "deberían de actualizar sus mecanismos de supervisión" de la actividad de las mismas", para "mejorar la resolución de quejas ciudadanas y la coordinación interinstitucional".
De este modo, Múgica, quien participó hoy en la inauguración de las XXIV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se celebran en Sevilla hasta mañana con el tema central de la protección de los derechos de la ciudadanía derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías, apuntó que, a pesar de que cada año "mejoran los datos de utilización" de las nuevas tecnologías en España, todavía existen "grandes deficiencias derivadas del coste económico de los servicios telemáticos o de las diferencias generacionales o culturales".
Así, recordó que existen "velocidades diferentes" en la implantación de las TIC en nuestro país, de modo que "los desequilibrios generales de la sociedad tienen su reflejo en el contexto de las nuevas tecnologías" generando lo que ha venido a denominarse "brecha tecnológica".
Según Múgica, las TIC son una "realidad palpable" en todos los ámbitos sociales, así como un "factor determinante" para el desarrollo de una vida social y personal "plena", desde el hecho informativo a las transacciones comerciales, pasando por el disfrute del tiempo libre o los trámites administrativos.
El Defensor destacó tanto las "fantásticas oportunidades" que ofrecen las nuevas tecnologías, como los "riesgos que pueden conllevar su uso nocivo", considerando que "no es necesario hablar de nuevos derechos tecnológicos" dado que en la jurisprudencia actual existe ya la "suficiente protección" de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este contexto", aunque si reconoció que "es cierto que puede surgir la necesidad de concretar la interpretación del alcance de determinados derechos o actualizar el lenguaje jurídico".
En este sentido, opinó que "existen los mecanismos legales necesarios para asegurar la protección de los menores", a pesar de que el mundo de la telemática es "inmenso" y puede erigirse en un "vehículo para actitudes nocivas". No obstante, afirmó que las investigaciones por parte de la fuerzas de seguridad en esta línea está siendo "cada vez mayor", insistiendo en la "necesidad de perseguir y controlar de forma democrática siempre los usos perjudiciales que de este instrumento puedan hacerse".
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, reconoció que el tema central de estas jornadas, que se celebran anualmente, es uno de los "grandes desafíos" de todas las instituciones del siglo XXI, pues la protección de los derechos de la ciudadanía se convierte en una "exigencia frente a la nuevas formas de exclusión social que se pueden producir en el ámbito de las nuevas tecnologías".
Según el presidente, las TIC, que "condicionan todos los ámbitos de nuestra vida, deben de ser una herramienta que permita mejorar las condiciones de vida en igualdad de oportunidades" en conjunción con la educación, respecto a lo cual recordó la puesta en marcha en la comunidad de los centros TIC o el programa 'Escuela TIC 2.0'.
Por otro lado, reconoció que la administración electrónica o e-administración supone una "oportunidad" para "acercarse a los ciudadanos y satisfacer con mayor eficacia sus necesidades" con "importantes beneficios como la reducción en el tiempo de respuesta, una mayor participación o calidad de los servicios", y destacó el "compromiso" del Gobierno andaluz por implementar este instrumento, afirmando que de los 80 trámites administrativos que se podían realizar de forma electrónica en 2003 se ha pasado a los 600 que se pueden desarrollar en la actualidad, como la teleasistencia, petición de citas médicas o matriculación en universidades, entre otros.
Asimismo, aseguró que el próximo año "la totalidad de los procedimientos dirigidos a la Administración pública podrá realizarse por vía telemática" e insistió en que el Gobierno andaluz "seguirá esforzándose porque la demanda ciudadana en el uso de las TIC se amplíe y alcance al mayor número de la población posible", con el objetivo de "evitar nuevas formas de exclusión social", sobre todo, porque "los jóvenes, nativos digitales, empiezan a exigirnos estos servicios".
Por último, hizo hincapié en que los "riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías no deben de derogar las oportunidades", cuestión en la que deben de centrarse las instituciones defensoriales con el fin de hacer el uso de las TIC "más eficaz, justo y equitativo".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, consideró que la 'brecha digital' entre las personas que tienen acceso a las TIC y las que no es ya "inexcusable" para la Administración, apuntando que "si una persona no está instruida en el uso de las nuevas tecnologías no podrá beneficiarse de las ventajas que aportan en acciones cotidianas como pedir cita en el médico".
MENORES Y TIC
"Por ello, urge que programas como Guadalinfo --que pretende extender la alfabetización digital-- llegue a los últimos rincones de los barrios más humildes de Andalucía, pues la tecnología, si no se humaniza, no sirve para nada", demandó, destacando, por otro lado, que los padres "tienen que irse adiestrando" en el uso de las TIC, "única vía para solucionar la otra brecha existente, la brecha generacional", porque, actualmente, "los menores viven en internet y los padres, como mucho, lo utilizan".
Por otro lado, la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, tildó de "indispensable" la labor que realizar la institución del Defensor del Pueblo para que los ciudadanos "se sientan escuchados" y que contribuye, asimismo, a "aumentar la dignidad de los parlamentos", señalando que, en el ámbito de las TIC, se plantean "nuevos retos", pues éstas "crean impresionantes redes de comunicación, pero también significan mayor vulnerabilidad de los derechos de las personas".
Finalmente, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, subrayó que el Defensor del Pueblo es "el defensor de las personas" e insistió en el "compromiso" por parte del consistorio hispalense de implantar las nuevas tecnologías para "mejorar la participación ciudadana".
