Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 29/07/2010 20:20
El ex interventor del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) José Alemán, acusado de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil en el marco de la operación 'Poniente', cuyas diligencias pilota el Juzgado de Instrucción número dos , está ya en libertad y se ha reunido con su familia, dado que la citada instancia judicial ha decretado su libertad bajo fianza de 600.000 euros.
Carlos Ferre, unos de los abogados de Alemán, informaron a Europa Press de que pasadas las 19,00 horas, y bajo la expectación de los medios de comunicación, el ex interventor del Ayuntamiento de El Ejido abandonaba la prisión almeriense de 'El Acebuche', el centro penitenciario en el que se encontraba recluido a consecuencia de su imputación en la operación 'Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción en el Consistorio ejidense, gobernado por Juan Enciso (PAL).
José Alemán se encuentra ya con su familia en su propio domicilio y dedicará sus primeros momentos en libertad a "descansar" junto a los suyos. Su libertad, como se ha informado, ha estado sujeta a la entrega de una fianza de 600.000 euros a través de avales y bienes inmobiliarios de familiares del ex interventor.
José Alemán Bracho, ex interventor municipal en el Ayuntamiento de El Ejido fue considerado como el 'cerebro' de la presunta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente' tras su ingreso en prisión con otras 19 personas después de la intervención por orden judicial del Consistorio ejidense, gobernado desde el PAL, y cuyo registro provino de la investigación incoada en 2007 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales, Elsur.
Al igual que al alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), --quien abandonó la prisión de Albolote (Granada) el pasado 15 de junio previo pago de 300.000 euros de fianza--, se le acusa de los delitos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Así, además del pago de la citada cuantía, la juez le ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado semanalmente, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte, según especificó el TSJA en una nota.